OSAMA BIN LADEN: LA JUSTICIA Y LA GUERRA

Luego del ataque que organizó el ahora abatido Osama bin Laden contra los Estados Unidos en 2001, Colin Powell, entonces secretario de Estado de ese país, declaró que se llevaría a los responsables a la justicia. La respuesta de un columnista norteamericano fue: "A la guerra, no a los tribunales".

Y Estados Unidos partió a la guerra. Un mes más tarde invadió Afganistán, donde se albergaba a Al Qaeda, la organización dirigida por Bin Laden, luego de darle un ultimátum al gobierno de los talibanes. La comunidad internacional avaló esta intervención como una forma de defensa propia, porque con el apoyo afgano Bin Laden operaba impunemente. No obstante, el modo como se ha conducido ese conflicto ha generado muchos reparos y en tiempos recientes la situación en terreno se ha complicado al extremo. Así, más tarde, en 2003, EEUU invadió Irak, esta vez contra la oposición de la mayoría de las naciones.

A partir de ese entonces, el gobierno de George W. Bush fue forjando la idea de una "guerra contra el terrorismo": un conflicto contra un enemigo difícil de determinar y de duración indefinida. En nombre de esta "guerra" se cometieron muchos abusos y se intentó justificar la tortura, junto con debilitar otras normas propias de un estado de derecho.

Sin embargo, el hecho de que Bush haya llevado esta idea de la "guerra contra el terrorismo" más allá de lo justificable no quiere decir que no existan en el mundo serias amenazas que no es posible enfrentar debidamente sólo con medios policiales. Esto nos lleva a recordar qué es un conflicto armado.

No cabe duda de que las guerras entre Estados lo son. El problema radica en la línea divisoria entre crímenes y conflictos armados internos. Los criterios para distinguir unos de otros son variados. Sin embargo, la opinión más dominante es que existe un conflicto armado cuando debe enfrentarse una acción violenta para lo cual no bastan las fuerzas y los métodos policiales. Esto último todavía es impreciso, pero es lo más que se puede afinar la idea, dado que la realidad ofrece una gran variedad de situaciones límites.

Por ello, si Pedro avanza con una vieja carabina contra La Moneda, declarando la guerra al gobierno, no hace falta llamar al Ejército. Basta la policía del lugar para reducirlo y enviarlo a la comisaría o al manicomio más cercano. Ello es así, porque la guerra se define por hechos, no por palabras. Si un gobierno dictatorial declara estado de guerra interno sin que la haya, no se aplican los Convenios de Ginebra, los que sí entran a regir cuando hay un conflicto armado real, aunque no sea reconocido como tal.

El problema es que las modalidades de conflicto y los potenciales enemigos (organizaciones de narcos, piratas modernos, entidades terroristas descentralizadas y ubicuas, etc.) evolucionan más rápido que la ley internacional. Tarea, entonces, para la comunidad de naciones la cual, por cierto, no debe echar por la borda principios jurídicos sagrados, sino adaptarlos a las nuevas realidades. Si no llega a estar a la altura de ese reto, el vacío lo terminarán llenando los Bin Laden y los Bush de este mundo.

KENNEDY Y OBAMA

En carisma y estilo, Obama y Kennedy son comparables. John F. Kennedy proyectaba un aura irresistible de juventud, progresismo y feliz matrimonio con una joven chic (hecho desmentido posteriormente con las revelaciones sobre las infidelidades del presidente). Por esa época incontables niñas nacidas en América latina fueron bautizadas como Jacqueline y otros tantos niños con variaciones fonéticas del nombre o apellido del desafortunado presidente. La verdad es que, imagen pública aparte, Kennedy representaba los intereses de su país (¡era que no!). En 1961, América latina era una prioridad para los Estados Unidos, cuya política exterior siempre considero este territorio como su “patio trasero”.

Dos años antes, Fidel Castro había llegado al poder en Cuba. A poco de asumir el mando Kennedy, Estados Unidos intento derrocarlo lanzando la frustrada invasión de Bahía Cochinos, que se venía preparando desde el gobierno previo de Dwright Eisenhower. Luego del fracaso de este intento de derribar a Castro, Kennedy, asesorado por sus asistentes más cercanos (llamados los “Egg Heads” por su preparación universitaria) anunció un plan para América latina, motivado por el afán de detener la creciente influencia castrista. Nació así el programa llamado “Alianza Para el Progreso”. Este contenía dos partes: por un lado, enfrentar la amenaza de seguridad que se suponía venidera en los países de América, mediante la capacitación de sus fuerzas armadas y policías. Por otro, atacar las “causas de fondo” del descontento social en la región, promoviendo reformas económicas (sobre todo, tributarias), alfabetización y reforma agraria. A cambio de ello, Estados Unidos comprometía un aporte de hasta 20 mil millones de dólares.

Se decía que la Alianza para el Progreso era para América latina el equivalente del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial. Chile fue el alumno más mateo y recibió la mayor cantidad de ayuda. Sin embargo, el plan fue un fracaso. Las elites de la región lo detestaban y los tiempos políticos estaban caldeados. Ya en 1964, el gobierno de Lyndon Johson, quien asumió como presidente luego del asesinato de Kennedy, aprobó el golpe de estado que derribo a João Goulart, en Brasil. La Alianza para el Progreso se concentro cada vez mas en lo militar y policial, dejando de lado las reformas de fondo. Menos de 15 años luego del anuncio de Kennedy, la mayor parte de América latina estaba gobernada por dictaduras militares.

Hagamos un veloz fast forward hasta el presente. Un Barack Obama lleno de carisma, estilo y esperanzas, escoge a Chile para dar un discurso para América latina que se vaticinaba seria una especie de Alianza para el Progreso 2.0. Centenares de personas política, económica o socialmente influyentes lo aguardan en el Centro Cultural de la Moneda por dos horas y media, cupucheando, consutanto su Blackberry o twitteando.

Obama hace su entrada destilando embrujo y pronuncia un discurso de unos 25 minutos con impecable manejo escénico, ayudado por unos tele-prompters de ultima generación. Su speechwriter es muy profesional, pero no se compara con Ted Sorensen (fallecido el año pasado) el legendario autor de los discursos de Kennedy, entre ellos ese de “no preguntes que puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer por tu país”. Pero no es su culpa. El le da forma a los materiales que le entregan y este discurso de Obama sobre una “Sociedad de las Américas” fue solamente retórica porque la política de los Estados Unidos hacia esta región carece de sustancia.

El discurso del actual presidente de los Estados Unidos no reveló ningún programa semejante a la Alianza Para el Progreso (por lo demás, ese mítico plan fue un sonado fracaso). Las prioridades geopolíticas se sitúan ahora en el Este de Asia, en Afganistán, Irán y mundo árabe. Estados Unidos ya no tiene el poderío incontestado de antes. Por tanto, un apretado viaje relámpago, unas aspersiones de agua bendita por aquí y por allá, y un montón de charm.

Es lo que hay…

EL MUNDO ARABE Y LAS OLEADAS REVOLUCIONARIAS

En los últimos tres siglos ha habido varios ejemplos de revoluciones que se esparcen por toda una región del mundo. Algunas han tenido un objetivo de emancipación nacional: A comienzos del siglo XIX, las guerras de independencia en los países de América; mucho más tarde, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los movimientos anticoloniales de Africa y Asia.

En cuanto a oleadas de insurgencia democrática (o, si se quiere, anti-autoritarias) destacan las revoluciones del año 1848 en muchos países de Europa. Aunque en el corto plazo fueron controladas por los poderes de turno, sí hubo consecuencias de fondo, aunque algunas se manifestaron sólo mucho tiempo después. Parecido sello pro democracia tuvo, hace poco más de veinte años, el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental.

Y ahora el mundo árabe…. Los levantamientos que pusieron fin de los gobiernos personalistas de Ben Ali, en Túnez y de Mubarak, en Egipto, que están generado una guerra civil en Libia y que tienen en ascuas a la mayoría de los demás países árabes, son, en primer lugar, sorpresivos. Nadie en estos países o en la comunidad internacional los vino venir. También se puede decir que no se trata de revoluciones anti-coloniales. Está claro que se dirigen contra los regímenes establecidos, o, al menos, contra sus líderes eternizados en el poder. Pero ¿se trata de revoluciones democráticas?.

La respuesta más cauta es que es demasiado pronto para saberlo. Hay algunos factores que apoyan el optimismo, si no de resultados prontos, por lo menos a mediano y largo plazo: la globalización de las aspiraciones de libertad, justicia social y acceso a oportunidades, así como el potencial movilizador de las nuevas tecnologías de comunicación.

Hay también, razones para moderar al entusiasmo. Una de ellas es que las fraternidades islámicas, aunque minoritarias en muchos de estos países, son unas de las pocas organizaciones cohesionadas – si no las únicas – , capaces de actuar como un partido político férreo. Es cierto que en los últimos años se han desatado en Occidente prejuicios contra el Islam. Pero no se necesita ser un Sam Harris o una Oriana Fallaci, considerados por muchos como los paladines de la islamofobia, para concordar que, con la excepciones del caso, los clérigos musulmanes y gran parte de los fieles no han aceptado aún ni el principio de separación de religión y Estado ni que los individuos tengan derechos más allá del poder temporal o confesional.

Otra de las razones que llama a no esperar grandes cambios demasiado pronto, es que los poderosos los grupos de interés (por ejemplo, los líderes militares egipcios) podrán tolerar algunos cambios pero siempre que no afecten sus privilegios establecidos desde hace largo tiempo.

Entretanto, fuera del Medio Oriente, las naciones más poderosas aguardan y calculan. Es sabido que los países se movilizan principalmente por consideraciones -comúnmente cortoplacistas - de interés nacional o bien por razones geopolíticas dominadas por la noción de estabilidad. ¿Habrá una marejada de refugiados árabes llegando a nuestras costas a pedir asilo? ¿Cuáles serán los efectos en la economía internacional? ¿Cómo se ve afectado el sistema de equilibrio de poderes en el Medio Oriente?.

Comoquiera que sea, el curso de la historia demuestra que las reivindicaciones de las mayorías se van abriendo camino, en esta década o la otra, en el presente siglo o en el siguiente. Y que este proceso no sólo se ve impulsado por las ideologías o los intereses materiales, sino también y crecientemente, por las posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos.

En suma y parafraseando a Churchill, puede ser que lo que está sucediendo no sea el fin de la autocracia en el Mundo Arabe. Quizás tampoco sea el principio del fin. Pero ciertamente parece ser el fin del principio.

VENEZUELA: NUEVAS RESTRICCIONES A LA DEMOCRACIA

Venezuela divide las aguas de opinión en América latina. Para muchos, Chávez es un héroe. Es la última versión del mítico líder latinoamericano anti-imperialista, cuyas ediciones anteriores incluyen a Castro y los Sandinistas. A estos regímenes no corresponde evaluarlos por sí mismos; basta que ostenten la imagen de revolucionarios.

En estas páginas he escrito dos veces, en el último año, criticando medidas del gobierno de Chávez. Como señalé en el segundo de esos blogs, nunca había recibido tantos insultos como los que postearon en el primero de mis comentarios críticos sobre el presidente de Venezuela. En otra columna que escribí más tarde, sobre un tema diverso, un bloguista ironizó: "¿Cómo? ¿nada contra Chávez?".

Bueno, ahora tendrán ocasión de disparar de nuevo, porque en este blog deploro que Chávez haya añadido nuevas restricciones a la democracia, en aras de la construcción de su declarado proyecto socialista (La papelería oficial del gobierno y el parlamento exhibe la leyenda: Socialismo o muerte: Venceremos).

La primera de ellas consiste en un proyecto de ley aprobado esta semana, en primera discusión. Se denomina Ley para la Protección de la Libertad Política y Autodeterminación Nacional. Como en el Newspeak de la novela "1984", de George Orwell, el contenido es precisamente el contrario: socavar la libertad política.
El artículo 1 se propone proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera, "que mediante ayudas económicas o aportes financieros destinadas a organizaciones con fines políticos, dedicadas a la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República". Los representantes del oficialismo han declarado que organizaciones de la sociedad civil venezolana (ONGs) reciben apoyo del "imperialismo" para desestabilizar al gobierno y fraguar un golpe de estado.

Conozco a muchas de dichas organizaciones y sus representantes. Me consta que numerosos de sus trabajadores tuvieron inicialmente simpatía por el gobierno de Chávez o por algunas de sus medidas. Me consta también que, consecuentes con sus objetivos de defender derechos fundamentales, han denunciado, crecientemente y con valentía, medidas de persecución y de restricción de las libertades políticas.

Como bien se sabe, en nuestros países es muy raro hallar fundaciones u otras instituciones donantes que financien actividades de organizaciones de la sociedad civil. La mayor parte de éstas recibe aportes de entidades europeas, canadienses, estadounidenses e incluso de otras latitudes. No del "imperialismo", como se pretende por parte de sus detractores venezolanos, y menos para apoyar actividades sediciosas o violentas. Sin donaciones desde esas entidades, las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela no podrán funcionar.

Una medida más general, de dudosa raigambre democrática, por decir lo menos, se acaba de aprobar en Venezuela. Consiste en una "Ley Habilitante" por un año. Esto requiere de una explicación. Años atrás la oposición venezolana cometió un craso error: negarse a participar en elecciones parlamentarias. El resultado fue un congreso enteramente controlado por Chávez. En septiembre de este año hubo nuevas elecciones parlamentarias, esta vez con candidatos de la oposición. El resultado fue parejo. Sin embargo, debido a un rediseño de las circunscripciones electorales, fueron elegidos muchos más chavistas que miembros de la oposición.

En todo caso, para no enfrentar debates en el parlamento que pronto asumirá, el Presidente Chávez solicitó y obtuvo del parlamento que ya está terminando su período y que él controla, una ley que lo autoriza para legislar por decreto por un año. Durante ese período, el nuevo parlamento será más bien decorativo. La ley habilitante declara que las facultades que le entrega al presidente le permitirán actuar en relación con la emergencia generada en Venezuela por las lluvias. No obstante, las áreas en las cuales Chávez podrá legislar por decreto incluyen, entre otras, las siguientes: ordenación territorial; seguridad ciudadana y jurídica; seguridad y defensa integral de la Nación; cooperación internacional y sistema socio-económico de la Nación. Nada menos….

En la Venezuela de hoy, la revolución (o lo que pasa por tal) justifica los medios.

200 AÑOS: DOS GRANDES TAREAS PENDIENTES

Hay una docena de tratados de Naciones Unidas contra el terrorismo. Estos convenios no contienen una definición de terrorismo sino que se limitan a enumerar las conductas que se consideran como tales.

Sin embargo, los especialistas académicos coinciden en una noción general, según la cual los actos terroristas reúnen las siguientes características: (a) Se usa o amenaza usar la violencia contra civiles o de modo indiscriminado; (b) el fin es ideológico, sea político, religioso o de otro tipo; (c) se procura atacar indirectamente a los Estados, tratando de que hagan concesiones o bien que reaccionen desmedidamente y ello permita a los hechores reclutar nuevos adeptos; (d) a fin de lograr aquello, se busca que los actos tengan amplia cobertura noticiosa.

Dadas estas características, no todo empleo de la violencia con fines ideológicos o de protesta puede ser calificado de terrorista. El que algún acto violento no sea terrorista no lo hace necesariamente legítimo. A veces puede serlo, como, por ejemplo, la rebelión armada frente a una tiranía, si se trata del último recurso disponible. Pero más frecuentemente, cuando existe violencia no terrorista, se tratará de un delito común o bien de un crimen de guerra.

Los delitos contra la propiedad, como la ocupación de fundos o el incendio, a los cuales han recurrido algunas organizaciones mapuches, pueden tener un propósito político, pero no por ello son necesariamente terroristas, contrariamente a lo que establece la ley chilena. El resultado de esta calificación excesiva es que las penalidades son mucho más elevadas que las que acarrearía aplicar el Código Penal.

Se concluye que la violencia ejercida por grupos mapuches para hacer valer sus reivindicaciones no es legal; no obstante, no se justifica castigar siempre los incendios que han perpetrado como delitos terroristas.

El punto más de fondo, por supuesto, es el de la desidia del Estado chileno, por décadas y siglos, de cara a los derechos de pueblos indígenas. Frente a sus demandas, éste siempre ha reaccionado tardía e insuficientemente. Por ello es explicable, aunque no sea justificable, que debido a la exasperación que tal actitud histórica provoca en grupos mapuches, éstos recurran a la violencia. Si bien el Estado no puede renunciar a aplicar la ley, no cabe duda que ha sido inaceptablemente remiso tanto en cambiar la legislación como en abordar a tiempo las demandas de pueblos indígenas tan larga e injustamente postergadas.

Sucede, entonces, lo que se sabe desde antiguo: cuando un problema ineludible no se enfrenta en condiciones de relativa normalidad, se terminará encarando en un clima de emergencia. En el caso de nuestro país, la emergencia consiste, por supuesto, en la prolongada huelga de hambre que han sostenido, con peligro sus vidas, numerosos mapuches privados de libertad. Habla muy mal de nuestro sentido de justicia que las principales preocupaciones parezcan ser la imagen de Chile en el exterior y la posibilidad de que mueran huelguistas coincidiendo con las fechas de celebración del Bicentenario.

En situaciones normales, el Estado no debería ceder ante la presión. Pero esta situación no es normal. Ya es hora que Chile reconozca una injusticia ancestral contra los mapuches y se abra a un diálogo de verdad. El objetivo de éste sería lograr un acuerdo nacional para enmendar agravios históricos. Que tal diálogo llegue a ser posible merced a extremas medidas de presión, es en gran parte responsabilidad de la sociedad y el Estado chilenos. Por supuesto, si se logra acuerdo, se enfatizaría apropiadamente el respeto futuro al principio de autoridad y de observancia de la ley. No obstante, tratar de hacerlo a toda costa, sin mediar un reconocimiento de responsabilidades del Estado, en nombre de la necesidad de no sentar precedentes, sería equivocado. El verdadero precedente que hay que evitar es que el Estado se aferre a las formas, negándose a enfrentar sus culpas.

NUNCA TRAICIONARIA A MI COMANDANTE

Imagine que Ud. se halla sometido a un proceso penal que se inició debido a una acusación pública en contra suya por parte del presidente de su país. Suponga, ahora, que el juez a cargo del proceso ha declarado, abierta y fervorosamente, su adhesión irrestricta al mismo presidente.

La conclusión es evidente: dicho juez no es imparcial y no puede estar a cargo del proceso. Esto es lo que sostiene el abogado de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, a quien me he referido en un blog anterior. Ella está encarcelada desde hace meses, enjuiciada por supuestos actos de corrupción, luego que el Presidente Chávez la inculpara públicamente, en cadena de radio y televisión, pidiendo para ella las más altas penas. El juez a cargo del asunto se llama Alí José Paredes.

En noviembre pasado, este juez Paredes hizo unas declaraciones en un boletín del PSUV, el partido de Chávez. Manifiesta allí, textualmente: “… déjenme decirle que nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante porque llevo la revolución en la sangre y de verdad me duele mi pueblo…”.

Naturalmente, el juez tiene derecho a sus ideas, pero la misma Constitución de Venezuela prohíbe a los jueces llevar a cabo activismo político. Aparte de ello, el principio más elemental de imparcialidad dicta que no puede ser juez de una causa alguien que declare su adhesión a ultranza a la autoridad más interesada en que se castigue a la inculpada (autoridad que, por lo demás, no debiera interferir con la justicia ni mucho menos pedir por una cadena de medios que se condene a una persona).

No me consta la inocencia de la jueza Afiuni y no tiene por qué constarle a nadie. La ley presume inocente a las personas. Le toca a una justicia independiente decidir fehacientemente si son culpables o inocentes, luego de un proceso justo, esto es, un juicio tramitado, entre otros requisitos, con independencia judicial.

El juicio contra la jueza Afiuni estaba programado para el 10 de agosto. Su abogado acaba de recusar al juez por su falta de imparcialidad. Escribo esto porque ya comenté anteriormente su caso y me parece que la parcialidad del juez es una evidencia más de que la justicia en Venezuela no es independiente.

Permítanme anticipar algunas reacciones:

“¡Otra vez habla de Venezuela! ¿Por qué no escribe sobre otras injusticias más graves en otros países?”. (Lo hago todo el tiempo, para los que tienen la paciencia de leerme).

“El proceso político de Venezuela se ocupa de quienes siempre fueron postergados y marginados”. (Puede ser, pero ese no es el punto, ya que lo bueno que algunos o muchos puedan pensar que hace el gobierno de Chávez no justifica cualquier medida. Lo crucial en este caso es si se respeta o no el estado de derecho y la propia Constitución del país que, en su letra, es sumamente avanzada, pero sucede que los distintos poderes del Estado no son independientes).

GABRIEL RUIZ-TAGLE, EL COLO-COLO Y LA CONTRALORÍA

Una caricatura política de los tiempos de Ronald Reagan mostraba al presidente norteamericano en una reunión de gabinete. El Ministro de las Gallinas era un zorro; el Ministro de las Sardinas, un tiburón…

Muchos tienen una parecida imagen caricaturesca sobre los conflictos de intereses en el actual gobierno de Chile. Probablemente es exagerada, pero las medidas del presidente (o la falta de ellas) no ayudan mucho. El hito más reciente en esta saga es un dictamen de la Contraloría acerca de la calidad de importante accionista de Colo-Colo del subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle. El documento se pronuncia, asimismo, sobre los nombramientos del Presidente en el área de la televisión, antes de que haya concretado la venta de Chilevisión.

Este es un tema ético y legal, pero susceptible de ser politizado. Conviene, por tanto, analizarlo lógicamente, punto por punto.

1. A la Contraloría le corresponde, entre otras funciones, velar por la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, no por su moralidad. Con todo, en la misma Constitución (que es la ley superior) se consagra el principio general de la probidad.

2. Los principios de moral pública dominantes en cierto momento en un país, suelen coincidir, en buena medida, con el contenido de sus leyes. Así, por ejemplo, en su gran mayoría, los delitos que la legislación sanciona son también condenables a la luz de la moral pública prevaleciente.

3. Sin embargo, y sobre todo en tiempos de veloces cambios sociales, hay muchos puntos socialmente compartidos sobre ética pública que tardan en incorporarse en la ley, sea por la lentitud del proceso legislativo o por diferencias políticas sobre la forma concreta de darles respaldo legal. Esto fue lo que aconteció, en la primera mitad del siglo pasado, con la aceptación del voto de las mujeres (una discusión que hoy nos parece inconcebible). Es, también, lo que ha sucedido, en los últimos años, con la protección del medio ambiente o la probidad pública.

4. Aunque el principio general de probidad está incorporado en la Constitución chilena desde 2005, faltan normas que le den más precisión; por ejemplo, una ley sobre el llamado fideicomiso ciego. Con todo, las autoridades no debieran limitarse sólo a respetar la ley, sino, además, ceñir su conducta, a los principios de ética política ampliamente aceptados en la sociedad.

5. Más aún, en el caso de Gabriel Ruiz-Tagle, desde el punto de vista estrictamente legal - no solamente ético - hay una “situación generadora” de conflictos de intereses. Así lo implica el dictamen de la Contraloría al determinar que el encargado de deportes del gobierno debe abstenerse de tomar decisiones relativas al fútbol. Ruiz- Tagle afirma que ello no afectará su desempeño en el cargo. Esto es insostenible. Se trata, lejos, del deporte con más arraigo en la sociedad chilena. Imaginemos que un ministro de salud dijera que aunque no puede tomar decisiones sobre atención primaria, ello no afecta su labor.

6. No obstante, el dictamen de Contraloría, no buscó despejar “situaciones generadoras” de conflictos sino que concluyó que el conflicto debe materializarse en una decisión determinada. En el caso de Ruiz-Tagle supone, correctamente, que sus decisiones sobre fútbol “materializarían” el conflicto latente. En el caso del Presidente el dictamen declara que las normas generales sobre probidad le son aplicables y que la Contraloría puede examinar futuras decisiones. Sin embargo, no se pronuncia sobre las situaciones suyas que actualmente son generadoras de conflictos de intereses.

7. Discrepo de esta interpretación restrictiva de la Contraloría. Opino que el principio de probidad exige que se eviten las situaciones que generan conflictos, y no esperar que ello se traduzca en decisiones específicas. Aunque el dictamen anticipa que si Ruiz-Tagle tomara decisiones sobre el fútbol habría una colisión de intereses, resulta ingenuo suponer que si, en lugar de él, las adoptara su subalterno inmediato, no habría mayores problemas. Del mismo modo, restringiéndonos al caso de Colo-Colo, si bien el Presidente no se involucra en decisiones específicas sobre deportes, tiene responsabilidad ética al nombrar (o mantener en el cargo) a quien tiene un evidente conflicto de intereses por su calidad de accionista del principal club del deporte más popular, calidad que, además, él comparte.

8. En suma, pienso que Ruiz-Tagle debería vender sus acciones de Colo-Colo o renunciar; y que el Presidente Piñera debería también vender las suyas. Sobre esto ya anticipo algunas objeciones: que si se aplica la vara de la probidad a gobiernos de la Concertación, hay muchos casos que recordar; o bien, que con tanta crítica no se deja trabajar al gobierno… Acerca de lo primero, recordemos que los reproches a unos no invalidan los reproches a otros. Respecto de lo segundo, funciona mejor un gobierno que irradia legitimidad porque acata no sólo la ley, sino también los principios consagrados de ética pública.