VENEZUELA II: EL CASO DE LA JUEZA AFIUNI

Nunca había recibido tantos insultos como cuando publiqué, hace dos días, un blog sobre la ausencia del estado de derecho en Venezuela. Contesté algunos comentarios en el mismo blog, pero no es ésta la ocasión de seguir dándoles vuelta.

Me interesa, sí, documentar mis afirmaciones con referencia a un caso emblemático, aunque no único: El de la jueza María Lourdes Afiuni.

Antes, corresponde precisar mis opiniones sobre la política en Venezuela:

• No cabe duda que los partidos que antes dominaban la escena política en ese país eran corruptos e ineficaces. El estado de derecho funcionaba en la forma, no en el fondo. La pobreza era abismantemente elevada, más aún para un país rico en recursos.

• También es cierto que Hugo Chávez, luego de su frustrado golpe militar de 1992, ha ganado varias elecciones, a partir de 1999, y que su apoyo ha provenido, principalmente, de los sectores excluidos económica, política y socialmente.

• Una nueva Constitución rige Venezuela desde 1999, luego que Chávez convocó a una Asamblea Constituyente. En la letra, es una Carta Fundamental extremadamente progresista. En la práctica, no hay poderes estatales independientes del gobierno.

• Buena parte de la oposición a Chávez ha cometido graves errores políticos y, a veces, ha utilizado métodos más que cuestionables. Sin embargo, con los años de despilfarro gubernamental, corrupción, autoritarismo apenas velado y demagogia abierta, la oposición ha ido engrosando sus filas con sectores más sensatos, principalmente de la juventud venezolana.

• Es cierto que el gobierno de Chávez ha impulsado amplios programas sociales. La crítica que merecen es que van acompañados de favoritismo y adoctrinamiento, y también que no son sostenibles en el tiempo (dada su costosa e ineficaz administración) a menos que el petróleo alcance precios que difícilmente volverán a verse pronto.

• El Presidente Chávez y sus partidarios creen que la finalidad del “Socialismo del siglo XXI” que declaran perseguir, justifica los medios. No lo admiten así, con todas sus letras. Sus partidarios, en Chile y en otros países, tampoco lo admiten. Debieran hacerlo; sería más honesto, aunque igualmente reprobable a la luz de los principios democráticos.

• Por todo lo anterior, el gobierno de Chávez va estrechando el cerco en torno a la disidencia, Hay numerosos presos políticos, aunque no existan las gruesas violaciones de los derechos humanos que se conocieron en Chile, Argentina u otros países de la región en el pasado. No hay ni un asomo de independencia judicial. La gran mayoría de los jueces tiene nombramientos transitorios y revocables por el gobierno.

Llegamos, así, al caso que deseo destacar: La jueza venezolana María Lourdes Afiuni se halla encarcelada desde el 10 de diciembre de 2009, imputada de ayudar a un banquero a huir del país. Su detención se produjo inmediatamente después de que el presidente la acusara públicamente de corrupción. Una comisión de Naciones Unidas, Amnesty Internacional y Human Rights Watch, consideran su detención políticamente motivada. Se trata de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, cuyos informes fueron invocados tantas veces (y correctamente) por los opositores a la dictadura militar en Chile.

La injusticia social en Venezuela necesita ser corregida. Chávez ha contado con respaldo electoral para enfrentarla. Sin embargo, sus designios y sus métodos no respetan el estado de derecho, ni en la forma ni en el fondo. Si declaramos estar a favor de la democracia y los derechos humanos, estos principios deben aplicarse tanto a los predecesores de Chávez como a su propio gobierno; a Norte, Sur, Este y Oeste; a Honduras y Cuba; a Israel y los países árabes; a Estados Unidos, Rusia y China… La aplicación selectiva demuestra que subordinamos dichos valores a nuestras preferencias ideológicas. Las cosas claras.