¿DEBIO ACEPTARSE EL HOMENAJE A PINOCHET?

Treinta y cinco años atrás, un grupo neo-nazi consiguió que la justicia estadounidense le permitiera marchar por un suburbio de Chicago.  La ACLU, la principal organización por las libertades civiles de esa nación, apoyó el derecho de ese grupo a realizar la marcha.

La lógica de la decisión fue la siguiente:  los neo-nazis eran unos lunáticos que se ridiculizaban a sí mismos.  La marcha no produciría un gran impacto (como no lo produjo). En cambio, prohibirla, restringiendo el derecho a reunión y manifestación, era darles una importancia que no tenían ni de lejos y significaba alterar una norma básica de la Constitución estadounidense. 

Si los neo-nazis hubieran intentado lo mismo por esos años en Francia, ni las leyes ni las autoridades de ese países lo habrían permitido. La diferencia se explica por la historia de los países en cuestión:  En los Estados Unidos,  los grupos nazis pertenecen al anecdotario de lo grotesco.  En Francia, las tropas de Hitler marcharon por miles, a paso de ganso, por las avenidas de París.

¿A cuál se ambas situaciones se asemeja Chile?  El asunto tiene que ver, por supuesto con la provocativa convocatoria para un homenaje a Pinochet, en el teatro Caupolicán, el domingo recién pasado, y con las violentas contra-manifestaciones que tuvieron lugar.    ¿Debió prohibirse el acto en el Teatro Caupolicán?  La respuesta se puede detallar en cuatro puntos:

1.  Las leyes chilenas garantizan la libertad de expresión y reunión.  Los que quieran homenajear a Pinochet (algo que me repele profundamente), pueden hacerlo.  Quienes se oponen, también pueden expresar su protesta y disgusto.  El hecho que la dictadura militar no haya respetado la libertad de expresión y reunión (ni tampoco, por supuesto, el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal) no significa que la democracia deba rebajarse a ese nivel.  

2.  Quien se expresa por una causa altamente impopular, se expone a expresiones adversarias.   Lo que no está permitido, en uno y otro caso,  es incurrir en violencia contra las personas o la propiedad, o cometer otro tipo de delitos.

3.  Los vándalos de siempre se sumaron, encapuchados, a las manifestaciones en contra del acto y causaron grandes destrozos.  Esta es una acción delictual.

4. Las autoridades deben respetar los derechos ciudadanos, pero tienen facultades para velar porque el ejercicio de los mismos no resulte en actos delictivos.  Era obvio que el riesgo de contra-manifestaciones era alto.  De hecho, el Director de The Clinic, Patricio Fernández, lo vaticinó en un editorial de esa revista,  dos días antes.  Por lo mismo, se pudo y se debió autorizar el acto en un lugar y bajo condiciones que permitieran garantizar el orden.

¿EXCEPCIONALIDAD MILITAR?

Las noticias sobre el mantenimiento del avión de la FACH siniestrado en Juan Fernández han puesto sobre el tapete el tema del secreto militar. Este tópico es parte de uno mayor: la excepcionalidad militar.

Para comenzar por los secretos, éstos existen no para proteger a las instituciones armadas sino a la defensa nacional. Ello es compatible con la democracia y, si se entiende correctamente, con los derechos humanos. De hecho, los tratados internacionales permiten restringir las libertades civiles, entre otros motivos, en aras de la seguridad nacional, pero siempre que ello sea estrictamente necesario, que la limitación impuesta sea proporcional a las exigencias de la situación y que sea compatible con los principios de una sociedad democrática.

La información sobre el estado del avión que transportaba a una mayoría de civiles, no calza con esos criterios. Si la Fuerza Aérea actuó con negligencia o torpeza (lo que determinará el juez), lo que contribuye a que cumpla mejor con sus funciones es que ello se sepa y corrija. Además, los familiares de las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre lo ocurrido y, si se justifica, a obtener reparaciones por el daño sufrido.

Sobre el problema más amplio de la excepcionalidad militar, Chile tiene mucho trecho por recorrer. A medida que la sociedad y la democracia evolucionan, las fuerzas armadas se ven compelidas también a cambiar, pero avanzan con el freno de mano puesto, constreñidas por su historia, su jerarquización y su enclaustramiento social. Sabemos que las instituciones de la defensa nacional no sólo mantienen una función y estructura especiales, sino que además tienen un sistema presupuestario y de seguridad social, así como escuelas, universidades, hospitales, tribunales y conjuntos de vivienda que le son propios. En otras palabras, han vivido históricamente aisladas del resto de la sociedad. Más aún, existen conocidos prejuicios recíprocos entre el mundo civil y el militar. Todo ello es atribuible al conjunto de la sociedad, no sólo a los uniformados.

No se puede dejar de mencionar la responsabilidad de los militares por las condenables violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Aún vivimos las dolorosas secuelas de esos crímenes. Las nuevas generaciones de mandos castrenses han ido dando pasos para retornar a las fuerzas armadas a su función tradicional dentro de nuestra institucionalidad. Pero aunque ello se lograra plenamente, todavía quedarían pendientes muchos cambios.

Algunas cosas tienden a evolucionar, lenta e insuficientemente: la doctrina sobre la obediencia de las órdenes superiores o la competencia excesiva de los tribunales militares. No obstante, un país que aspira a ser desarrollado requiere bastante más: que el mundo militar se someta al poder civil plenamente y de corazón. Esto es, que no sólo adhiera a una práctica democrática, sino que lo haga con íntima convicción. Ello se irá consiguiendo en la medida en que se emprenda un esfuerzo dual de aggiornamento e integración , por parte de las propias fuerzas armadas y de la civilidad.

LIDERAZGO PARA TIEMPOS DE GRANDES CAMBIOS

Hay tiempos de sosiego político, de crisis y de grandes cambios. Los liderazgos que se requieren para estos distintos períodos son muy diferentes.

Para las épocas de calma y acuerdo social (o, al menos, de resignada aceptación ciudadana) se espera de los líderes políticos capacidad de gestión, honestidad y, ojalá, algo de carisma. En cambio, en momentos turbulentos hay que contar con dirigentes “para todas las estaciones”, no sólo para primavera y verano. Esto supone una dosis inusual de coraje y la habilidad para apuntar allí donde los problemas estarán probablemente mañana, no donde están hoy. En estas situaciones, hacer lo que siempre se ha hecho suele ser el modo más seguro de errar el camino.

En tiempos de cambios todavía mayores, como la transición de una época a otra, los liderazgos se hacen extremadamente difíciles porque, aunque sea muy claro qué es lo que va quedando atrás, no es tan obvio lo que debería reemplazarlo.

Esto es lo que ocurre con las masivas manifestaciones de descontento, en Chile y en otros países. La época de doscientos años que empezó con las revoluciones políticas de fines del siglo XVIII, se agotó con el fin de la Guerra Fría. Cambiaron los sistemas globales económicos y financieros, la fuerza de las ideologías, el mapa político del mundo y la noción tradicional de Estado Nación. Además, como ha dicho Andrés Bianchi, los modelos de antaño (EE.UU., Europa, la ex Unión Soviética, Cuba…) ya no inspiran y los poderes emergentes, como China, no atraen. Sólo ha subsistido el sistema de partidos como canal de representación política, pero sin vitalidad, al modo de un árbol seco en la llanura.

Paralelamente, emergen iniciativas ciudadanas con gran apoyo popular, como nuestro movimiento estudiantil.

Hay un gran pero, sin embargo: Los dirigentes universitarios hasta ahora han podido instalar en la agenda nacional la idea de que nuestro pacto social de los últimos veinte años (para algunos, convenido; para otros, impuesto) necesita sustituirse. Todavía está por aparecer, sin embargo, un liderazgo que no sólo sea capaz de movilizar un “no a esto” sino también convencer a la sociedad sobre un concreto “sí a esto otro”. La tarea no es menor porque es mucho más factible generar acuerdos amplios para oponerse a algo que concordar una alternativa específica.

En todo caso, la segunda etapa de todo gran interregno histórico parece haber comenzado. Cuando una época completa se va dejando atrás, inicialmente las generaciones jóvenes se hallan sumidas en el desconcierto. De allí la actitud de “no estoy ni ahí” que dominó en los años 90. Con el tiempo, sin embargo, empiezan a advertir la necesidad de transformaciones y las oportunidades que tienen para impulsarlas. En cambio, los mayores, por regla general, no logran adaptarse a la idea de la obsolescencia histórica de la época en que se formaron y actuaron. Lo probable, entonces, es que un nuevo pacto colectivo se termine construyendo a tientas y quebrazones, que el proceso tarde mucho tiempo y que quienes terminen liderando la construcción del futuro emerjan sólo una vez que se aquiete un tanto la tormenta.

¿OTOÑO ARABE?

En México fue Tlatelolco, en 1968. En China, Tiananmen, en 1989. En ambos espacios cívicos hubo manifestaciones masivas que fueron ahogadas en sangre. Entonces no existían las redes sociales actuales que algunos consideran una plaza pública virtual. Podrá ser así, pero esta nueva tecnología de hoy se usa también para convocar a la gente a un lugar perfectamente físico. Así, los indignados madrileños citan por Twitter a la Puerta del Sol; los londinenses, a Trafalgar Square y los santiaguinos a la modesta Plaza Italia, al menos como punto de partida, pues el verdadero sitio de manifestaciones es la Alameda.

Acabo de visitar El Cairo por segunda vez, luego de 27 años. Hallo la ciudad menos polvorienta, tachonada de ostentosos edificios y con sus calles comprimidas por el tráfico vehicular. Voy a la emblemática Plaza Tahrir (Liberación) donde en febrero pasado los egipcios se reunieron por decenas de miles, soportando represión y balas, hasta que renunció Hosni Mubarak. Unos jóvenes en blue jeans controlan los accesos, pero dejan pasar cortésmente a los extranjeros. Han transcurrido seis meses desde el derrocamiento del hombre fuerte de Egipto y este vasto escenario de la segunda y más bullada “primavera árabe”, luego de la de Túnez, sigue poblado de tiendas de campaña donde acampan miles de descontentos. En medio del lugar se levanta un proscenio de recitales musicales. Abundan los letreros en árabe y las ollas comunes.

Dos días más tarde, Mubarak compareció ante un tribunal como acusado. Sin embargo, la casta militar gobierna el país, continúa controlando un tercio de la economía y no da señas de emprender cambios de fondo. Muchos se preguntan si la caída del ex dictador no fue el fusible que saltó, permitiendo que el sistema centralizado y corrupto intente perpetuarse.

Otros aseguran que la “primavera árabe” marca el comienzo de un cambio irreversible. Es tentador encontrarles razón. En Túnez y en Egipto cayeron los gobernantes autoritarios, ante la persistencia de las masivas protestas. El Rey de Marruecos decidió intentar curarse en salud y anunció diversos cambios políticos, además de los que ya había introducido en los últimos años. En Libia, una cruenta guerra civil se prolonga por meses. En Siria, el régimen dinástico de Assad ha asesinado a dos mil manifestantes. Ha habido masivas protestas en Bahrein, Yemen, Algeria, Oman y otros países del Medio Oriente. No se veía un reguero regional de movimientos por la libertad desde el derrumbe de los sistemas comunistas de Europa Central y Oriental, hace ya más de veinte años.

Algo cambia o, quizás debiéramos decir, algo debería cambiar con el paso del tiempo. No puedo evitar esta nota de cautela. Mis visitas recientes a países de mundo árabe me dejan una misma impresión: puede ser que la modernidad permita atajos en el camino hacia el progreso cívico, pero una cosa es recuperar la democracia y otra muy distinta es inventarla desde cero. Las elites de estos países manejan fluidamente avanzados conceptos políticos, incluida la necesidad de un Estado secular. Sin embargo, el Islam, referente fundamental de los árabes de a pie, no ha desarrollado aún nada parecido a un Lutero o un Voltaire. Sí; a la larga seguramente los países árabes irán encaminados hacia cambios de fondo, pero quizás no antes de que estas primaveras esperanzadoras sean sucedidas por varios gélidos otoños.

¿REORDENAMIENTO POLITICO?

“No hay política sostenible sin partidos”. Esta afirmación ha sido desde siempre un axioma del discurso democrático. Se suele olvidar, sin embargo, que el sistema moderno de partidos políticos se estructuró sólo hace poco más de dos siglos. Y sucede que en el tiempo transcurrido desde entonces ha habido cambios muy profundos en materia de organización estatal, sistemas económicos, tecnología, ideologías y valores. Tan profundos que se estima que desde el fin de la Guerra Fría se ha iniciado una era radicalmente distinta. O más bien, ha comenzado un interregno durante el cual los modos de antaño ya no tienen vigencia y los nuevos aún no terminan de configurarse.

Ha subsistido, sí, el sistema de partidos políticos como instrumentos de representación popular, de acceso al poder y de influir en los asuntos públicos. Esta sobrevivencia se explica en parte porque la época que quedó atrás murió por marchitamiento, no por estallido; en tales casos, los cambios se hacen más difíciles y el sentido de urgencia es menos apremiante.

Es curioso que precisamente durante esta fase postrera de la democracia de partidos, haya prosperado en Chile la Concertación por la Democracia, la alianza política más duradera y reputadamente más exitosa de la historia política del país. Esto se explica, en parte, por su sentido de misión de reconstruir la democracia quebrantada y, en parte, por los incentivos del sistema binominal. En todo caso, el transcurso de 20 años y las fatigas de cuatro presidencias consecutivas han desgastado a esta coalición.

¿Y ahora qué? La pregunta atañe no sólo a la Concertación sino al conjunto del sistema político. La vieja apuesta de reordenar el naipe tradicional de los tres tercios (derecha, centro, izquierda), moviendo a la DC hacia una alianza con la derecha ya fue insinuada años atrás por dirigentes de la UDI partidarios de crear un Partido Popular a la española. Recientemente, ha sido reeditada con los dichos del Ministro Hintzpeter sobre las afinidades valóricas que él dice tener con la Democracia Cristiana. Paralelamente, el inminente pacto entre el PS y la DC despertó la inquietud del PPD. Este partido sugirió inicialmente que podría ir a las elecciones con “las organizaciones sociales”; luego moderó su posición, quizás por la dosis de pragmatismo que impone el sistema electoral binominal.

Me parece que estos hechos, así como el perenne llamado a la renovación generacional, pero dentro del cuadro de los partidos que tenemos, son meras burbujas de una cocción de mucho más largo alcance. Probablemente los cambios que vendrán tendrán que ver, en lo sustantivo, con nuevas expresiones de la dicotomía cristianismo-laicismo y de las demandas por superar la pobreza y distintas formas de exclusión social; éstos han sido los grandes ejes históricos de la política chilena. Y en lo organizacional, el reto consistirá en forjar inéditas modalidades de representación y participación popular, en un cuadro político que se tornará progresivamente más encrespado por el creciente malestar de la gente, el cual encuentra formas cada vez más noveles, masivas y ágiles de manifestarse.

OSAMA BIN LADEN: LA JUSTICIA Y LA GUERRA

Luego del ataque que organizó el ahora abatido Osama bin Laden contra los Estados Unidos en 2001, Colin Powell, entonces secretario de Estado de ese país, declaró que se llevaría a los responsables a la justicia. La respuesta de un columnista norteamericano fue: "A la guerra, no a los tribunales".

Y Estados Unidos partió a la guerra. Un mes más tarde invadió Afganistán, donde se albergaba a Al Qaeda, la organización dirigida por Bin Laden, luego de darle un ultimátum al gobierno de los talibanes. La comunidad internacional avaló esta intervención como una forma de defensa propia, porque con el apoyo afgano Bin Laden operaba impunemente. No obstante, el modo como se ha conducido ese conflicto ha generado muchos reparos y en tiempos recientes la situación en terreno se ha complicado al extremo. Así, más tarde, en 2003, EEUU invadió Irak, esta vez contra la oposición de la mayoría de las naciones.

A partir de ese entonces, el gobierno de George W. Bush fue forjando la idea de una "guerra contra el terrorismo": un conflicto contra un enemigo difícil de determinar y de duración indefinida. En nombre de esta "guerra" se cometieron muchos abusos y se intentó justificar la tortura, junto con debilitar otras normas propias de un estado de derecho.

Sin embargo, el hecho de que Bush haya llevado esta idea de la "guerra contra el terrorismo" más allá de lo justificable no quiere decir que no existan en el mundo serias amenazas que no es posible enfrentar debidamente sólo con medios policiales. Esto nos lleva a recordar qué es un conflicto armado.

No cabe duda de que las guerras entre Estados lo son. El problema radica en la línea divisoria entre crímenes y conflictos armados internos. Los criterios para distinguir unos de otros son variados. Sin embargo, la opinión más dominante es que existe un conflicto armado cuando debe enfrentarse una acción violenta para lo cual no bastan las fuerzas y los métodos policiales. Esto último todavía es impreciso, pero es lo más que se puede afinar la idea, dado que la realidad ofrece una gran variedad de situaciones límites.

Por ello, si Pedro avanza con una vieja carabina contra La Moneda, declarando la guerra al gobierno, no hace falta llamar al Ejército. Basta la policía del lugar para reducirlo y enviarlo a la comisaría o al manicomio más cercano. Ello es así, porque la guerra se define por hechos, no por palabras. Si un gobierno dictatorial declara estado de guerra interno sin que la haya, no se aplican los Convenios de Ginebra, los que sí entran a regir cuando hay un conflicto armado real, aunque no sea reconocido como tal.

El problema es que las modalidades de conflicto y los potenciales enemigos (organizaciones de narcos, piratas modernos, entidades terroristas descentralizadas y ubicuas, etc.) evolucionan más rápido que la ley internacional. Tarea, entonces, para la comunidad de naciones la cual, por cierto, no debe echar por la borda principios jurídicos sagrados, sino adaptarlos a las nuevas realidades. Si no llega a estar a la altura de ese reto, el vacío lo terminarán llenando los Bin Laden y los Bush de este mundo.

KENNEDY Y OBAMA

En carisma y estilo, Obama y Kennedy son comparables. John F. Kennedy proyectaba un aura irresistible de juventud, progresismo y feliz matrimonio con una joven chic (hecho desmentido posteriormente con las revelaciones sobre las infidelidades del presidente). Por esa época incontables niñas nacidas en América latina fueron bautizadas como Jacqueline y otros tantos niños con variaciones fonéticas del nombre o apellido del desafortunado presidente. La verdad es que, imagen pública aparte, Kennedy representaba los intereses de su país (¡era que no!). En 1961, América latina era una prioridad para los Estados Unidos, cuya política exterior siempre considero este territorio como su “patio trasero”.

Dos años antes, Fidel Castro había llegado al poder en Cuba. A poco de asumir el mando Kennedy, Estados Unidos intento derrocarlo lanzando la frustrada invasión de Bahía Cochinos, que se venía preparando desde el gobierno previo de Dwright Eisenhower. Luego del fracaso de este intento de derribar a Castro, Kennedy, asesorado por sus asistentes más cercanos (llamados los “Egg Heads” por su preparación universitaria) anunció un plan para América latina, motivado por el afán de detener la creciente influencia castrista. Nació así el programa llamado “Alianza Para el Progreso”. Este contenía dos partes: por un lado, enfrentar la amenaza de seguridad que se suponía venidera en los países de América, mediante la capacitación de sus fuerzas armadas y policías. Por otro, atacar las “causas de fondo” del descontento social en la región, promoviendo reformas económicas (sobre todo, tributarias), alfabetización y reforma agraria. A cambio de ello, Estados Unidos comprometía un aporte de hasta 20 mil millones de dólares.

Se decía que la Alianza para el Progreso era para América latina el equivalente del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial. Chile fue el alumno más mateo y recibió la mayor cantidad de ayuda. Sin embargo, el plan fue un fracaso. Las elites de la región lo detestaban y los tiempos políticos estaban caldeados. Ya en 1964, el gobierno de Lyndon Johson, quien asumió como presidente luego del asesinato de Kennedy, aprobó el golpe de estado que derribo a João Goulart, en Brasil. La Alianza para el Progreso se concentro cada vez mas en lo militar y policial, dejando de lado las reformas de fondo. Menos de 15 años luego del anuncio de Kennedy, la mayor parte de América latina estaba gobernada por dictaduras militares.

Hagamos un veloz fast forward hasta el presente. Un Barack Obama lleno de carisma, estilo y esperanzas, escoge a Chile para dar un discurso para América latina que se vaticinaba seria una especie de Alianza para el Progreso 2.0. Centenares de personas política, económica o socialmente influyentes lo aguardan en el Centro Cultural de la Moneda por dos horas y media, cupucheando, consutanto su Blackberry o twitteando.

Obama hace su entrada destilando embrujo y pronuncia un discurso de unos 25 minutos con impecable manejo escénico, ayudado por unos tele-prompters de ultima generación. Su speechwriter es muy profesional, pero no se compara con Ted Sorensen (fallecido el año pasado) el legendario autor de los discursos de Kennedy, entre ellos ese de “no preguntes que puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer por tu país”. Pero no es su culpa. El le da forma a los materiales que le entregan y este discurso de Obama sobre una “Sociedad de las Américas” fue solamente retórica porque la política de los Estados Unidos hacia esta región carece de sustancia.

El discurso del actual presidente de los Estados Unidos no reveló ningún programa semejante a la Alianza Para el Progreso (por lo demás, ese mítico plan fue un sonado fracaso). Las prioridades geopolíticas se sitúan ahora en el Este de Asia, en Afganistán, Irán y mundo árabe. Estados Unidos ya no tiene el poderío incontestado de antes. Por tanto, un apretado viaje relámpago, unas aspersiones de agua bendita por aquí y por allá, y un montón de charm.

Es lo que hay…

EL MUNDO ARABE Y LAS OLEADAS REVOLUCIONARIAS

En los últimos tres siglos ha habido varios ejemplos de revoluciones que se esparcen por toda una región del mundo. Algunas han tenido un objetivo de emancipación nacional: A comienzos del siglo XIX, las guerras de independencia en los países de América; mucho más tarde, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los movimientos anticoloniales de Africa y Asia.

En cuanto a oleadas de insurgencia democrática (o, si se quiere, anti-autoritarias) destacan las revoluciones del año 1848 en muchos países de Europa. Aunque en el corto plazo fueron controladas por los poderes de turno, sí hubo consecuencias de fondo, aunque algunas se manifestaron sólo mucho tiempo después. Parecido sello pro democracia tuvo, hace poco más de veinte años, el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental.

Y ahora el mundo árabe…. Los levantamientos que pusieron fin de los gobiernos personalistas de Ben Ali, en Túnez y de Mubarak, en Egipto, que están generado una guerra civil en Libia y que tienen en ascuas a la mayoría de los demás países árabes, son, en primer lugar, sorpresivos. Nadie en estos países o en la comunidad internacional los vino venir. También se puede decir que no se trata de revoluciones anti-coloniales. Está claro que se dirigen contra los regímenes establecidos, o, al menos, contra sus líderes eternizados en el poder. Pero ¿se trata de revoluciones democráticas?.

La respuesta más cauta es que es demasiado pronto para saberlo. Hay algunos factores que apoyan el optimismo, si no de resultados prontos, por lo menos a mediano y largo plazo: la globalización de las aspiraciones de libertad, justicia social y acceso a oportunidades, así como el potencial movilizador de las nuevas tecnologías de comunicación.

Hay también, razones para moderar al entusiasmo. Una de ellas es que las fraternidades islámicas, aunque minoritarias en muchos de estos países, son unas de las pocas organizaciones cohesionadas – si no las únicas – , capaces de actuar como un partido político férreo. Es cierto que en los últimos años se han desatado en Occidente prejuicios contra el Islam. Pero no se necesita ser un Sam Harris o una Oriana Fallaci, considerados por muchos como los paladines de la islamofobia, para concordar que, con la excepciones del caso, los clérigos musulmanes y gran parte de los fieles no han aceptado aún ni el principio de separación de religión y Estado ni que los individuos tengan derechos más allá del poder temporal o confesional.

Otra de las razones que llama a no esperar grandes cambios demasiado pronto, es que los poderosos los grupos de interés (por ejemplo, los líderes militares egipcios) podrán tolerar algunos cambios pero siempre que no afecten sus privilegios establecidos desde hace largo tiempo.

Entretanto, fuera del Medio Oriente, las naciones más poderosas aguardan y calculan. Es sabido que los países se movilizan principalmente por consideraciones -comúnmente cortoplacistas - de interés nacional o bien por razones geopolíticas dominadas por la noción de estabilidad. ¿Habrá una marejada de refugiados árabes llegando a nuestras costas a pedir asilo? ¿Cuáles serán los efectos en la economía internacional? ¿Cómo se ve afectado el sistema de equilibrio de poderes en el Medio Oriente?.

Comoquiera que sea, el curso de la historia demuestra que las reivindicaciones de las mayorías se van abriendo camino, en esta década o la otra, en el presente siglo o en el siguiente. Y que este proceso no sólo se ve impulsado por las ideologías o los intereses materiales, sino también y crecientemente, por las posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos.

En suma y parafraseando a Churchill, puede ser que lo que está sucediendo no sea el fin de la autocracia en el Mundo Arabe. Quizás tampoco sea el principio del fin. Pero ciertamente parece ser el fin del principio.

VENEZUELA: NUEVAS RESTRICCIONES A LA DEMOCRACIA

Venezuela divide las aguas de opinión en América latina. Para muchos, Chávez es un héroe. Es la última versión del mítico líder latinoamericano anti-imperialista, cuyas ediciones anteriores incluyen a Castro y los Sandinistas. A estos regímenes no corresponde evaluarlos por sí mismos; basta que ostenten la imagen de revolucionarios.

En estas páginas he escrito dos veces, en el último año, criticando medidas del gobierno de Chávez. Como señalé en el segundo de esos blogs, nunca había recibido tantos insultos como los que postearon en el primero de mis comentarios críticos sobre el presidente de Venezuela. En otra columna que escribí más tarde, sobre un tema diverso, un bloguista ironizó: "¿Cómo? ¿nada contra Chávez?".

Bueno, ahora tendrán ocasión de disparar de nuevo, porque en este blog deploro que Chávez haya añadido nuevas restricciones a la democracia, en aras de la construcción de su declarado proyecto socialista (La papelería oficial del gobierno y el parlamento exhibe la leyenda: Socialismo o muerte: Venceremos).

La primera de ellas consiste en un proyecto de ley aprobado esta semana, en primera discusión. Se denomina Ley para la Protección de la Libertad Política y Autodeterminación Nacional. Como en el Newspeak de la novela "1984", de George Orwell, el contenido es precisamente el contrario: socavar la libertad política.
El artículo 1 se propone proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera, "que mediante ayudas económicas o aportes financieros destinadas a organizaciones con fines políticos, dedicadas a la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República". Los representantes del oficialismo han declarado que organizaciones de la sociedad civil venezolana (ONGs) reciben apoyo del "imperialismo" para desestabilizar al gobierno y fraguar un golpe de estado.

Conozco a muchas de dichas organizaciones y sus representantes. Me consta que numerosos de sus trabajadores tuvieron inicialmente simpatía por el gobierno de Chávez o por algunas de sus medidas. Me consta también que, consecuentes con sus objetivos de defender derechos fundamentales, han denunciado, crecientemente y con valentía, medidas de persecución y de restricción de las libertades políticas.

Como bien se sabe, en nuestros países es muy raro hallar fundaciones u otras instituciones donantes que financien actividades de organizaciones de la sociedad civil. La mayor parte de éstas recibe aportes de entidades europeas, canadienses, estadounidenses e incluso de otras latitudes. No del "imperialismo", como se pretende por parte de sus detractores venezolanos, y menos para apoyar actividades sediciosas o violentas. Sin donaciones desde esas entidades, las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela no podrán funcionar.

Una medida más general, de dudosa raigambre democrática, por decir lo menos, se acaba de aprobar en Venezuela. Consiste en una "Ley Habilitante" por un año. Esto requiere de una explicación. Años atrás la oposición venezolana cometió un craso error: negarse a participar en elecciones parlamentarias. El resultado fue un congreso enteramente controlado por Chávez. En septiembre de este año hubo nuevas elecciones parlamentarias, esta vez con candidatos de la oposición. El resultado fue parejo. Sin embargo, debido a un rediseño de las circunscripciones electorales, fueron elegidos muchos más chavistas que miembros de la oposición.

En todo caso, para no enfrentar debates en el parlamento que pronto asumirá, el Presidente Chávez solicitó y obtuvo del parlamento que ya está terminando su período y que él controla, una ley que lo autoriza para legislar por decreto por un año. Durante ese período, el nuevo parlamento será más bien decorativo. La ley habilitante declara que las facultades que le entrega al presidente le permitirán actuar en relación con la emergencia generada en Venezuela por las lluvias. No obstante, las áreas en las cuales Chávez podrá legislar por decreto incluyen, entre otras, las siguientes: ordenación territorial; seguridad ciudadana y jurídica; seguridad y defensa integral de la Nación; cooperación internacional y sistema socio-económico de la Nación. Nada menos….

En la Venezuela de hoy, la revolución (o lo que pasa por tal) justifica los medios.

200 AÑOS: DOS GRANDES TAREAS PENDIENTES

Hay una docena de tratados de Naciones Unidas contra el terrorismo. Estos convenios no contienen una definición de terrorismo sino que se limitan a enumerar las conductas que se consideran como tales.

Sin embargo, los especialistas académicos coinciden en una noción general, según la cual los actos terroristas reúnen las siguientes características: (a) Se usa o amenaza usar la violencia contra civiles o de modo indiscriminado; (b) el fin es ideológico, sea político, religioso o de otro tipo; (c) se procura atacar indirectamente a los Estados, tratando de que hagan concesiones o bien que reaccionen desmedidamente y ello permita a los hechores reclutar nuevos adeptos; (d) a fin de lograr aquello, se busca que los actos tengan amplia cobertura noticiosa.

Dadas estas características, no todo empleo de la violencia con fines ideológicos o de protesta puede ser calificado de terrorista. El que algún acto violento no sea terrorista no lo hace necesariamente legítimo. A veces puede serlo, como, por ejemplo, la rebelión armada frente a una tiranía, si se trata del último recurso disponible. Pero más frecuentemente, cuando existe violencia no terrorista, se tratará de un delito común o bien de un crimen de guerra.

Los delitos contra la propiedad, como la ocupación de fundos o el incendio, a los cuales han recurrido algunas organizaciones mapuches, pueden tener un propósito político, pero no por ello son necesariamente terroristas, contrariamente a lo que establece la ley chilena. El resultado de esta calificación excesiva es que las penalidades son mucho más elevadas que las que acarrearía aplicar el Código Penal.

Se concluye que la violencia ejercida por grupos mapuches para hacer valer sus reivindicaciones no es legal; no obstante, no se justifica castigar siempre los incendios que han perpetrado como delitos terroristas.

El punto más de fondo, por supuesto, es el de la desidia del Estado chileno, por décadas y siglos, de cara a los derechos de pueblos indígenas. Frente a sus demandas, éste siempre ha reaccionado tardía e insuficientemente. Por ello es explicable, aunque no sea justificable, que debido a la exasperación que tal actitud histórica provoca en grupos mapuches, éstos recurran a la violencia. Si bien el Estado no puede renunciar a aplicar la ley, no cabe duda que ha sido inaceptablemente remiso tanto en cambiar la legislación como en abordar a tiempo las demandas de pueblos indígenas tan larga e injustamente postergadas.

Sucede, entonces, lo que se sabe desde antiguo: cuando un problema ineludible no se enfrenta en condiciones de relativa normalidad, se terminará encarando en un clima de emergencia. En el caso de nuestro país, la emergencia consiste, por supuesto, en la prolongada huelga de hambre que han sostenido, con peligro sus vidas, numerosos mapuches privados de libertad. Habla muy mal de nuestro sentido de justicia que las principales preocupaciones parezcan ser la imagen de Chile en el exterior y la posibilidad de que mueran huelguistas coincidiendo con las fechas de celebración del Bicentenario.

En situaciones normales, el Estado no debería ceder ante la presión. Pero esta situación no es normal. Ya es hora que Chile reconozca una injusticia ancestral contra los mapuches y se abra a un diálogo de verdad. El objetivo de éste sería lograr un acuerdo nacional para enmendar agravios históricos. Que tal diálogo llegue a ser posible merced a extremas medidas de presión, es en gran parte responsabilidad de la sociedad y el Estado chilenos. Por supuesto, si se logra acuerdo, se enfatizaría apropiadamente el respeto futuro al principio de autoridad y de observancia de la ley. No obstante, tratar de hacerlo a toda costa, sin mediar un reconocimiento de responsabilidades del Estado, en nombre de la necesidad de no sentar precedentes, sería equivocado. El verdadero precedente que hay que evitar es que el Estado se aferre a las formas, negándose a enfrentar sus culpas.

NUNCA TRAICIONARIA A MI COMANDANTE

Imagine que Ud. se halla sometido a un proceso penal que se inició debido a una acusación pública en contra suya por parte del presidente de su país. Suponga, ahora, que el juez a cargo del proceso ha declarado, abierta y fervorosamente, su adhesión irrestricta al mismo presidente.

La conclusión es evidente: dicho juez no es imparcial y no puede estar a cargo del proceso. Esto es lo que sostiene el abogado de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, a quien me he referido en un blog anterior. Ella está encarcelada desde hace meses, enjuiciada por supuestos actos de corrupción, luego que el Presidente Chávez la inculpara públicamente, en cadena de radio y televisión, pidiendo para ella las más altas penas. El juez a cargo del asunto se llama Alí José Paredes.

En noviembre pasado, este juez Paredes hizo unas declaraciones en un boletín del PSUV, el partido de Chávez. Manifiesta allí, textualmente: “… déjenme decirle que nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante porque llevo la revolución en la sangre y de verdad me duele mi pueblo…”.

Naturalmente, el juez tiene derecho a sus ideas, pero la misma Constitución de Venezuela prohíbe a los jueces llevar a cabo activismo político. Aparte de ello, el principio más elemental de imparcialidad dicta que no puede ser juez de una causa alguien que declare su adhesión a ultranza a la autoridad más interesada en que se castigue a la inculpada (autoridad que, por lo demás, no debiera interferir con la justicia ni mucho menos pedir por una cadena de medios que se condene a una persona).

No me consta la inocencia de la jueza Afiuni y no tiene por qué constarle a nadie. La ley presume inocente a las personas. Le toca a una justicia independiente decidir fehacientemente si son culpables o inocentes, luego de un proceso justo, esto es, un juicio tramitado, entre otros requisitos, con independencia judicial.

El juicio contra la jueza Afiuni estaba programado para el 10 de agosto. Su abogado acaba de recusar al juez por su falta de imparcialidad. Escribo esto porque ya comenté anteriormente su caso y me parece que la parcialidad del juez es una evidencia más de que la justicia en Venezuela no es independiente.

Permítanme anticipar algunas reacciones:

“¡Otra vez habla de Venezuela! ¿Por qué no escribe sobre otras injusticias más graves en otros países?”. (Lo hago todo el tiempo, para los que tienen la paciencia de leerme).

“El proceso político de Venezuela se ocupa de quienes siempre fueron postergados y marginados”. (Puede ser, pero ese no es el punto, ya que lo bueno que algunos o muchos puedan pensar que hace el gobierno de Chávez no justifica cualquier medida. Lo crucial en este caso es si se respeta o no el estado de derecho y la propia Constitución del país que, en su letra, es sumamente avanzada, pero sucede que los distintos poderes del Estado no son independientes).

GABRIEL RUIZ-TAGLE, EL COLO-COLO Y LA CONTRALORÍA

Una caricatura política de los tiempos de Ronald Reagan mostraba al presidente norteamericano en una reunión de gabinete. El Ministro de las Gallinas era un zorro; el Ministro de las Sardinas, un tiburón…

Muchos tienen una parecida imagen caricaturesca sobre los conflictos de intereses en el actual gobierno de Chile. Probablemente es exagerada, pero las medidas del presidente (o la falta de ellas) no ayudan mucho. El hito más reciente en esta saga es un dictamen de la Contraloría acerca de la calidad de importante accionista de Colo-Colo del subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle. El documento se pronuncia, asimismo, sobre los nombramientos del Presidente en el área de la televisión, antes de que haya concretado la venta de Chilevisión.

Este es un tema ético y legal, pero susceptible de ser politizado. Conviene, por tanto, analizarlo lógicamente, punto por punto.

1. A la Contraloría le corresponde, entre otras funciones, velar por la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, no por su moralidad. Con todo, en la misma Constitución (que es la ley superior) se consagra el principio general de la probidad.

2. Los principios de moral pública dominantes en cierto momento en un país, suelen coincidir, en buena medida, con el contenido de sus leyes. Así, por ejemplo, en su gran mayoría, los delitos que la legislación sanciona son también condenables a la luz de la moral pública prevaleciente.

3. Sin embargo, y sobre todo en tiempos de veloces cambios sociales, hay muchos puntos socialmente compartidos sobre ética pública que tardan en incorporarse en la ley, sea por la lentitud del proceso legislativo o por diferencias políticas sobre la forma concreta de darles respaldo legal. Esto fue lo que aconteció, en la primera mitad del siglo pasado, con la aceptación del voto de las mujeres (una discusión que hoy nos parece inconcebible). Es, también, lo que ha sucedido, en los últimos años, con la protección del medio ambiente o la probidad pública.

4. Aunque el principio general de probidad está incorporado en la Constitución chilena desde 2005, faltan normas que le den más precisión; por ejemplo, una ley sobre el llamado fideicomiso ciego. Con todo, las autoridades no debieran limitarse sólo a respetar la ley, sino, además, ceñir su conducta, a los principios de ética política ampliamente aceptados en la sociedad.

5. Más aún, en el caso de Gabriel Ruiz-Tagle, desde el punto de vista estrictamente legal - no solamente ético - hay una “situación generadora” de conflictos de intereses. Así lo implica el dictamen de la Contraloría al determinar que el encargado de deportes del gobierno debe abstenerse de tomar decisiones relativas al fútbol. Ruiz- Tagle afirma que ello no afectará su desempeño en el cargo. Esto es insostenible. Se trata, lejos, del deporte con más arraigo en la sociedad chilena. Imaginemos que un ministro de salud dijera que aunque no puede tomar decisiones sobre atención primaria, ello no afecta su labor.

6. No obstante, el dictamen de Contraloría, no buscó despejar “situaciones generadoras” de conflictos sino que concluyó que el conflicto debe materializarse en una decisión determinada. En el caso de Ruiz-Tagle supone, correctamente, que sus decisiones sobre fútbol “materializarían” el conflicto latente. En el caso del Presidente el dictamen declara que las normas generales sobre probidad le son aplicables y que la Contraloría puede examinar futuras decisiones. Sin embargo, no se pronuncia sobre las situaciones suyas que actualmente son generadoras de conflictos de intereses.

7. Discrepo de esta interpretación restrictiva de la Contraloría. Opino que el principio de probidad exige que se eviten las situaciones que generan conflictos, y no esperar que ello se traduzca en decisiones específicas. Aunque el dictamen anticipa que si Ruiz-Tagle tomara decisiones sobre el fútbol habría una colisión de intereses, resulta ingenuo suponer que si, en lugar de él, las adoptara su subalterno inmediato, no habría mayores problemas. Del mismo modo, restringiéndonos al caso de Colo-Colo, si bien el Presidente no se involucra en decisiones específicas sobre deportes, tiene responsabilidad ética al nombrar (o mantener en el cargo) a quien tiene un evidente conflicto de intereses por su calidad de accionista del principal club del deporte más popular, calidad que, además, él comparte.

8. En suma, pienso que Ruiz-Tagle debería vender sus acciones de Colo-Colo o renunciar; y que el Presidente Piñera debería también vender las suyas. Sobre esto ya anticipo algunas objeciones: que si se aplica la vara de la probidad a gobiernos de la Concertación, hay muchos casos que recordar; o bien, que con tanta crítica no se deja trabajar al gobierno… Acerca de lo primero, recordemos que los reproches a unos no invalidan los reproches a otros. Respecto de lo segundo, funciona mejor un gobierno que irradia legitimidad porque acata no sólo la ley, sino también los principios consagrados de ética pública.

RECONOCIMIENTO DEL EJERCITO EN EL CASO PRATS

Largas décadas de angustiosa espera han pasado las hijas y demás familiares de quien fuera comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, antes de que la justicia chilena haya dicho, en el día de ayer, su palabra final. Ambos fueron asesinados mediante un ataque terrorista perpetrado en Buenos Aires por agentes del gobierno chileno, en septiembre de 1974.

En esa época, el general Augusto Pinochet nada hizo para investigar lo sucedido ni para honrar a las víctimas, una de las cuales había sido su superior directo. Mal podría haberlo hecho. No tengo dudas de que el asesinato se perpetró por sus órdenes o, al menos, con su asentimiento. Me parece inconcebible que personas sujetas a disciplina jerárquica militar hayan complotado, a sus espaldas, para dar muerte a un ex comandante en jefe. A mi juicio, la renuencia de Pinochet, una vez consumado el crimen, confirma la suposición de su responsabilidad. No se entiende, de otro modo, que no haya movido cielo y tierra para aclarar tal hecho ni haya rendido honores a quien fuera su jefe.

Pasó el tiempo y a partir de 1998, una vez que Pinochet dejó el mando, la dirección superior del Ejército recayó en generales mucho más jóvenes, quienes apenas se iniciaban en la carrera militar al tiempo del golpe de Estado. Desde entonces, se inició un sostenido proceso de reconocimiento de los hechos del pasado y de normalización institucional.

En el 2000, la Mesa de Diálogo en la que participaron las Fuerzas Armadas y de Orden culminó con un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos. Esta instancia no alcanzó los resultados esperados en la dilucidación de la suerte o paradero de los detenidos desaparecidos. Sin embargo, tocante al reconocimiento, su declaración abrió paso a sucesivos pronunciamientos en los años siguientes, entre los que destaca el "Nunca Más" del general Juan Emilio Cheyre.

Frente a un legado de graves violaciones de los derechos humanos, el reconocimiento de los hechos por parte de los más relevantes sectores políticos e institucionales es esencial. Tal reconocimiento reafirma los valores transgredidos, rectifica o reitera la doctrina institucional que nunca debió olvidarse, honra a las víctimas y facilita el proceso, inevitablemente largo y gradual, de reconciliación nacional.

Ayer, el Ejército dio un nuevo paso de reconocimiento, específicamente en lo que se refiere al caso de Carlos Prats. Ya anteriormente había reivindicado su memoria y la de su esposa, así como su calidad de ex comandante en jefe. La reciente declaración califica el crimen como se debe: repudia sin ambages a sus partícipes, reitera sus condolencias a la familia y reafirma la sana doctrina institucional.

Sugiere, también, que el atentado no desmiente ni la historia del Ejército ni el compromiso permanente de sus miembros con los principios institucionales. Sobre este punto, hay otras interpretaciones posibles, aunque se entiende que se diga lo que se dijo en el espíritu de enfatizar, positivamente, los valores permanentes de la legalidad y del honor militar. En suma, es un significativo paso institucional que debe ser apreciado.

Sobre la responsabilidad del mando de la época -en este caso, de Pinochet- nada se dice, sin embargo. Se pueden entender las limitaciones que la jefatura de la institución enfrentó a este respecto cuando todavía subsisten resabios de mal entendidas lealtades en la sociedad chilena, incluido el mundo militar. Permanece este punto, entonces, como un paso pendiente de reconocimiento que algún día deberá llegar.

VENEZUELA II: EL CASO DE LA JUEZA AFIUNI

Nunca había recibido tantos insultos como cuando publiqué, hace dos días, un blog sobre la ausencia del estado de derecho en Venezuela. Contesté algunos comentarios en el mismo blog, pero no es ésta la ocasión de seguir dándoles vuelta.

Me interesa, sí, documentar mis afirmaciones con referencia a un caso emblemático, aunque no único: El de la jueza María Lourdes Afiuni.

Antes, corresponde precisar mis opiniones sobre la política en Venezuela:

• No cabe duda que los partidos que antes dominaban la escena política en ese país eran corruptos e ineficaces. El estado de derecho funcionaba en la forma, no en el fondo. La pobreza era abismantemente elevada, más aún para un país rico en recursos.

• También es cierto que Hugo Chávez, luego de su frustrado golpe militar de 1992, ha ganado varias elecciones, a partir de 1999, y que su apoyo ha provenido, principalmente, de los sectores excluidos económica, política y socialmente.

• Una nueva Constitución rige Venezuela desde 1999, luego que Chávez convocó a una Asamblea Constituyente. En la letra, es una Carta Fundamental extremadamente progresista. En la práctica, no hay poderes estatales independientes del gobierno.

• Buena parte de la oposición a Chávez ha cometido graves errores políticos y, a veces, ha utilizado métodos más que cuestionables. Sin embargo, con los años de despilfarro gubernamental, corrupción, autoritarismo apenas velado y demagogia abierta, la oposición ha ido engrosando sus filas con sectores más sensatos, principalmente de la juventud venezolana.

• Es cierto que el gobierno de Chávez ha impulsado amplios programas sociales. La crítica que merecen es que van acompañados de favoritismo y adoctrinamiento, y también que no son sostenibles en el tiempo (dada su costosa e ineficaz administración) a menos que el petróleo alcance precios que difícilmente volverán a verse pronto.

• El Presidente Chávez y sus partidarios creen que la finalidad del “Socialismo del siglo XXI” que declaran perseguir, justifica los medios. No lo admiten así, con todas sus letras. Sus partidarios, en Chile y en otros países, tampoco lo admiten. Debieran hacerlo; sería más honesto, aunque igualmente reprobable a la luz de los principios democráticos.

• Por todo lo anterior, el gobierno de Chávez va estrechando el cerco en torno a la disidencia, Hay numerosos presos políticos, aunque no existan las gruesas violaciones de los derechos humanos que se conocieron en Chile, Argentina u otros países de la región en el pasado. No hay ni un asomo de independencia judicial. La gran mayoría de los jueces tiene nombramientos transitorios y revocables por el gobierno.

Llegamos, así, al caso que deseo destacar: La jueza venezolana María Lourdes Afiuni se halla encarcelada desde el 10 de diciembre de 2009, imputada de ayudar a un banquero a huir del país. Su detención se produjo inmediatamente después de que el presidente la acusara públicamente de corrupción. Una comisión de Naciones Unidas, Amnesty Internacional y Human Rights Watch, consideran su detención políticamente motivada. Se trata de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, cuyos informes fueron invocados tantas veces (y correctamente) por los opositores a la dictadura militar en Chile.

La injusticia social en Venezuela necesita ser corregida. Chávez ha contado con respaldo electoral para enfrentarla. Sin embargo, sus designios y sus métodos no respetan el estado de derecho, ni en la forma ni en el fondo. Si declaramos estar a favor de la democracia y los derechos humanos, estos principios deben aplicarse tanto a los predecesores de Chávez como a su propio gobierno; a Norte, Sur, Este y Oeste; a Honduras y Cuba; a Israel y los países árabes; a Estados Unidos, Rusia y China… La aplicación selectiva demuestra que subordinamos dichos valores a nuestras preferencias ideológicas. Las cosas claras.

¿HAY ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA?

En la segunda mitad del siglo XX, salvo algunos períodos, Venezuela nadaba en dinero. Pese a ello, el sistema democrático funcionaba sólo en lo formal, los índices de pobreza eran muy elevados y los partidos tradicionales (Acción Democrática y COPEI) se repartían el botín estatal con mucho tesón y pocos escrúpulos. El descontento popular crecía. Los militares se embarcaron en un fallido golpe de Estado en 1992. Chávez estuvo preso dos años, fue indultado y luego accedió al poder, en 1999, mediante elecciones libres. La mayoría de la población, tradicionalmente marginada, acogió su discurso de medidas sociales y de grandes reformas. Estas últimas comenzaron por una nueva Constitución, considerada muy progresista. Cambió también el nombre del país, la bandera, el escudo nacional e incluso la hora oficial.

El resto de la historia es bien conocido: Chávez ha buscado ser un protagonista regional e internacional, ha ganado varias elecciones y se ha hecho famoso por su admiración por Fidel Castro, sus osadas declaraciones públicas y sus discursos interminables. También se ha hecho célebre, lamentablemente, por controlar todos los orondos poderes del Estado establecidos en la Constitución y por reprimir a la disidencia.

Las preguntas que se hacen hoy día los observadores internacionales son, entonces, ¿hay democracia en Venezuela?, ¿hay estado de derecho?

¿No bastaría, como creen algunos, que el régimen de Chávez haya llegado al poder por vía electoral (y ganado luego otros varios comicios) para declararlo democrático? A mi juicio, ello es suficiente para reconocer que su gobierno tiene legitimidad democrática de origen, pero no necesariamente de ejercicio. Y esto es así porque en Venezuela no ha subsistido el estado de derecho.

Esta última afirmación exige aclarar conceptos: Se suele distinguir entre estado de derecho de forma y de fondo (o material). El primero supone que las autoridades y las personas están sujetas a la ley y nadie está por encima de ella. La ley debe ser pública, predecible y aplicarse igualmente a todos. El estado de derecho de fondo o material implica, además, que las instituciones y las autoridades estén orientadas hacia el interés público y que se respeten los derechos fundamentales de todos, sin discriminación.

A partir de estas nociones, en Venezuela, antes de Chávez, hubo estado de derecho formal, pero no material. Bajo Chávez no existe estado de derecho en ninguno de las dos acepciones. Léanse las declaraciones del presidente y sus seguidores y se verá que dicho concepto tiene sentido solamente si contribuye a la realización de lo que llaman “Revolución Bolivariana” o “Socialismo del Siglo XXI”. Todos estos personeros no creen en la separación de los poderes del Estado, ni en su autonomía y mutua fiscalización. Les interesan los fines, no los medios.

Desde otros países, incluido Chile, muchos defienden al régimen chavista, sea por su retórica anti-imperialista o por sus programas sociales (los cuales aplauden sin considerar su relación costo-beneficio ni su sostenibilidad). No son pocos los que lo apoyan, en el fondo, porque creen que en aras de fines últimos que consideran justos o deseables, todo está permitido. Bueno, deberían declararlo así abiertamente y no escudarse en el argumento espurio de que en Venezuela hay estado de derecho sólo porque todavía se celebran elecciones.

LOS NUEVOS TRES TERCIOS DE LA POLITICA CHILENA

Décadas atrás, Chile estaba dividido políticamente en tres tercios de comparable fuerza electoral. La derecha, formada por el Partido Conservador y el Liberal (después reunidos en el Partido Nacional), representaba el statu quo; la izquierda, dominada por los partidos Comunista y Socialista, se hallaba organizada en el Frente de Acción Popular (más tarde, Unidad Popular) y propiciaba una transformación radical de la sociedad chilena que, con el correr el tiempo, adquirió acentuados tintes revolucionarios; y el centro, constituido por la Democracia Cristiana, abogaba por una tercera vía, de contornos imprecisos, que luego llegó a denominarse “Revolución en Libertad”. Sabemos que la primera de estas alternativas ganó las elecciones de 1958, con Alessandri. La Democracia Cristiana llegó al poder en 1964, con Frei Montalva. La opción de izquierda triunfó en las elecciones de 1970, con Allende. Tres años más tarde tuvo lugar el golpe militar.

En los años sesenta, a medida que la sociedad chilena se polarizaba, estos “tres tercios” se miraban recíprocamente como alternativas excluyentes. Cada uno de ellos proponía un tipo de sociedad que los otros dos consideraban inaceptable. No obstante, para la derecha, la Democracia Cristiana era un mal menor; y viceversa.

El régimen militar instaurado mediante el golpe de 1973 contó con el apoyo de la derecha política y, con significativas excepciones, con el de los partidarios de la Democracia Cristiana, quienes lo vieron, al menos inicialmente, como un mal necesario.

Se suele decir que la superación de la dictadura militar fue también posible por una alianza de dos de los antiguos tres tercios. Aunque esta afirmación tiene parte de verdad, también envuelve una simplificación. Lo que hizo posible la Concertación fue que, hacia fines de los años 80, el antiguo bloque de izquierda había moderado sus posiciones y el Partido Comunista ya no formaba parte de él.

A medida que avanzaban los gobiernos de la Concertación parecía que Chile había dejado atrás los años de polarización política destructiva. El país había logrado forjar un acuerdo político de centro, que se extendía hacia la centro izquierda y la centro derecha. Un elevado porcentaje de los chilenos estaba ostensiblemente de acuerdo en el valor de las siguientes nociones: democracia, estado de derecho, economía libre y justicia social. Es difícil calibrar el grado de convicción genuina en torno a tales acuerdos pero, por lo menos, éstos llegaron a formar parte del discurso de una amplia mayoría de los actores políticos.

Sin embargo, los progresos que se hayan podido alcanzar en años recientes y las expectativas de las nuevas generaciones, conducen a una inevitable pregunta: ¿Cómo avanzar más decididamente hacia una sociedad próspera y equitativa y cuáles son los principales obstáculos que es preciso vencer?

Es aquí donde hace falta mirar más allá de los esquemas tradicionales y preguntarse si no han surgido en Chile otros tres tercios, cuyos contornos y límites no se identifican necesariamente con los de los partidos. Yo lo creo así. Estos nuevos tres tercios serían los siguientes. Primero, un sector que se refugia en sí mismo, en sus costumbres y privilegios, que no se conecta con el Chile real y que no está dispuesto a aceptar los cambios necesarios para que el país ofrezca efectivamente mayor igualdad de oportunidades para todos; para este sector, si se llegan a acumular tensiones sociales, bueno, cada tres o cuatro generaciones habrá que recurrir a alguna salida autoritaria. Segundo, una parte de la sociedad, de tendencia clientelar, consciente de sus carencias y asertiva en sus agravios, pero todavía condicionada a esperar que las soluciones les sean dadas fundamentalmente por el Estado. Finalmente, un sector relativamente transversal, en el que concurren distintas visiones sobre soluciones específicas, pero donde existe una convicción compartida sobre que el progreso en una sociedad moderna supone incentivar el emprendimiento individual, fomentando sus aspectos creativos y regulando su dimensión depredadora; y, a la vez, implica impulsar medidas de fondo para generar mayor igualdad de oportunidades.

Mientras no se incremente este último tercio, tendremos en el futuro serios riesgos de asomos demagógicos, estallidos sociales, y tentaciones autoritarias.

EL PRESIDENTE Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES

La lógica de los con-flictos de intereses en la esfera pública es simple: la autoridad debe actuar con impar-cialidad y tomando en cuenta solamente el bien general; si tiene también un interés privado en el mismo asunto o tipo de asuntos, debe desprenderse de dicho interés o bien abstenerse de tomar la decisión del caso. (Se entiende que las decisiones de un presidente inciden en prácticamente todo y no puede optar por la abstención).

No hace falta que se produzca un daño público para que haya conflicto de intereses. Basta que exista un peligro de perjuicio. Por ejemplo, si un alcalde contrata a una empresa de su propiedad para extraer la basura de la comuna, puede ser que ésta haga el trabajo mejor y más barato que otras empresas. Pero ello sería de rara ocurrencia y la ley debe ponerse en el caso más probable, esto es, que se termine perjudicando al Municipio.

La clase empresarial chilena ha sido lenta para aceptar la noción de conflicto de intereses. Algunos han objetado que ello supone dudar de su honorabilidad, aunque no se trata de nada personal, sino de observar una regla objetiva. Otros simplemente se oponen a todo lo que signifique regular su libertad de acción.

Es mi impresión que el Presidente Piñera no ha asimilado debidamente la regla de los conflictos de intereses. El entiende que hay un problema político y de opinión pública, pero, para usar una expresión actual “no ha internalizado” la razón profunda de la regla que prohibe tales conflictos. Por ello, pareciera empujar las cosas hasta el límite, buscando cumplir en lo formal más que en el fondo.

Algunos de sus partidarios pueden considerar estas observaciones prematuras o injustas y pensar que se debería confiar en él o, por lo menos, darle un tiempo de rodaje, otorgándole una especie de tregua crítica durante la primera fase de su mandato. No obstante, como dice el refrán, “la confianza no excluye el control”. Por otra parte, tratándose de principios de ética política, no caben suspensiones ni pausas. Así han comenzado a entenderlo personas y partidos que apoyan a Piñera; incluso la prensa que simpatiza con su gobierno ha empezado a dar señales de inquietud sobre este punto.

Dos son los conflictos de intereses que se mencionan con más frecuencia con respecto al Presidente y sus inversiones: LAN y Chilevisión. Se le critica que prometió vender sus acciones de LAN antes de asumir como Jefe de Estado y no ha terminado de hacerlo. La crítica tiene base porque él mismo tomó ese compromiso y no se divisan motivos razonables para que dilate su cumplimiento.

Sin embargo, más importante aún, es que se entregue información pública que demuestre que él no mantendrá algún tipo de interés en LAN, pese a la venta. Esto podría suceder, por ejemplo, mediante una cláusula de tipo “retroventa”, por la cual se reservara el derecho a recomprar parte de las acciones de LAN en el futuro. No tengo ninguna razón para pensar que ello haya ocurrido. Se trata solamente de transparentar los detalles de las operaciones de venta. Y esto se hace más necesario porque sí hay señales de que el Presidente deseaba mantener un control de Chilevisión por medios indirectos. Todos los directores de esa empresa le aconsejaron vender simple y llanamente. Les contestó que tomaría una decisión. Esperemos que sea la correcta.