La lógica de los con-flictos de intereses en la esfera pública es simple: la autoridad debe actuar con impar-cialidad y tomando en cuenta solamente el bien general; si tiene también un interés privado en el mismo asunto o tipo de asuntos, debe desprenderse de dicho interés o bien abstenerse de tomar la decisión del caso. (Se entiende que las decisiones de un presidente inciden en prácticamente todo y no puede optar por la abstención).
No hace falta que se produzca un daño público para que haya conflicto de intereses. Basta que exista un peligro de perjuicio. Por ejemplo, si un alcalde contrata a una empresa de su propiedad para extraer la basura de la comuna, puede ser que ésta haga el trabajo mejor y más barato que otras empresas. Pero ello sería de rara ocurrencia y la ley debe ponerse en el caso más probable, esto es, que se termine perjudicando al Municipio.
La clase empresarial chilena ha sido lenta para aceptar la noción de conflicto de intereses. Algunos han objetado que ello supone dudar de su honorabilidad, aunque no se trata de nada personal, sino de observar una regla objetiva. Otros simplemente se oponen a todo lo que signifique regular su libertad de acción.
Es mi impresión que el Presidente Piñera no ha asimilado debidamente la regla de los conflictos de intereses. El entiende que hay un problema político y de opinión pública, pero, para usar una expresión actual “no ha internalizado” la razón profunda de la regla que prohibe tales conflictos. Por ello, pareciera empujar las cosas hasta el límite, buscando cumplir en lo formal más que en el fondo.
Algunos de sus partidarios pueden considerar estas observaciones prematuras o injustas y pensar que se debería confiar en él o, por lo menos, darle un tiempo de rodaje, otorgándole una especie de tregua crítica durante la primera fase de su mandato. No obstante, como dice el refrán, “la confianza no excluye el control”. Por otra parte, tratándose de principios de ética política, no caben suspensiones ni pausas. Así han comenzado a entenderlo personas y partidos que apoyan a Piñera; incluso la prensa que simpatiza con su gobierno ha empezado a dar señales de inquietud sobre este punto.
Dos son los conflictos de intereses que se mencionan con más frecuencia con respecto al Presidente y sus inversiones: LAN y Chilevisión. Se le critica que prometió vender sus acciones de LAN antes de asumir como Jefe de Estado y no ha terminado de hacerlo. La crítica tiene base porque él mismo tomó ese compromiso y no se divisan motivos razonables para que dilate su cumplimiento.
Sin embargo, más importante aún, es que se entregue información pública que demuestre que él no mantendrá algún tipo de interés en LAN, pese a la venta. Esto podría suceder, por ejemplo, mediante una cláusula de tipo “retroventa”, por la cual se reservara el derecho a recomprar parte de las acciones de LAN en el futuro. No tengo ninguna razón para pensar que ello haya ocurrido. Se trata solamente de transparentar los detalles de las operaciones de venta. Y esto se hace más necesario porque sí hay señales de que el Presidente deseaba mantener un control de Chilevisión por medios indirectos. Todos los directores de esa empresa le aconsejaron vender simple y llanamente. Les contestó que tomaría una decisión. Esperemos que sea la correcta.
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