200 AÑOS: DOS GRANDES TAREAS PENDIENTES

Hay una docena de tratados de Naciones Unidas contra el terrorismo. Estos convenios no contienen una definición de terrorismo sino que se limitan a enumerar las conductas que se consideran como tales.

Sin embargo, los especialistas académicos coinciden en una noción general, según la cual los actos terroristas reúnen las siguientes características: (a) Se usa o amenaza usar la violencia contra civiles o de modo indiscriminado; (b) el fin es ideológico, sea político, religioso o de otro tipo; (c) se procura atacar indirectamente a los Estados, tratando de que hagan concesiones o bien que reaccionen desmedidamente y ello permita a los hechores reclutar nuevos adeptos; (d) a fin de lograr aquello, se busca que los actos tengan amplia cobertura noticiosa.

Dadas estas características, no todo empleo de la violencia con fines ideológicos o de protesta puede ser calificado de terrorista. El que algún acto violento no sea terrorista no lo hace necesariamente legítimo. A veces puede serlo, como, por ejemplo, la rebelión armada frente a una tiranía, si se trata del último recurso disponible. Pero más frecuentemente, cuando existe violencia no terrorista, se tratará de un delito común o bien de un crimen de guerra.

Los delitos contra la propiedad, como la ocupación de fundos o el incendio, a los cuales han recurrido algunas organizaciones mapuches, pueden tener un propósito político, pero no por ello son necesariamente terroristas, contrariamente a lo que establece la ley chilena. El resultado de esta calificación excesiva es que las penalidades son mucho más elevadas que las que acarrearía aplicar el Código Penal.

Se concluye que la violencia ejercida por grupos mapuches para hacer valer sus reivindicaciones no es legal; no obstante, no se justifica castigar siempre los incendios que han perpetrado como delitos terroristas.

El punto más de fondo, por supuesto, es el de la desidia del Estado chileno, por décadas y siglos, de cara a los derechos de pueblos indígenas. Frente a sus demandas, éste siempre ha reaccionado tardía e insuficientemente. Por ello es explicable, aunque no sea justificable, que debido a la exasperación que tal actitud histórica provoca en grupos mapuches, éstos recurran a la violencia. Si bien el Estado no puede renunciar a aplicar la ley, no cabe duda que ha sido inaceptablemente remiso tanto en cambiar la legislación como en abordar a tiempo las demandas de pueblos indígenas tan larga e injustamente postergadas.

Sucede, entonces, lo que se sabe desde antiguo: cuando un problema ineludible no se enfrenta en condiciones de relativa normalidad, se terminará encarando en un clima de emergencia. En el caso de nuestro país, la emergencia consiste, por supuesto, en la prolongada huelga de hambre que han sostenido, con peligro sus vidas, numerosos mapuches privados de libertad. Habla muy mal de nuestro sentido de justicia que las principales preocupaciones parezcan ser la imagen de Chile en el exterior y la posibilidad de que mueran huelguistas coincidiendo con las fechas de celebración del Bicentenario.

En situaciones normales, el Estado no debería ceder ante la presión. Pero esta situación no es normal. Ya es hora que Chile reconozca una injusticia ancestral contra los mapuches y se abra a un diálogo de verdad. El objetivo de éste sería lograr un acuerdo nacional para enmendar agravios históricos. Que tal diálogo llegue a ser posible merced a extremas medidas de presión, es en gran parte responsabilidad de la sociedad y el Estado chilenos. Por supuesto, si se logra acuerdo, se enfatizaría apropiadamente el respeto futuro al principio de autoridad y de observancia de la ley. No obstante, tratar de hacerlo a toda costa, sin mediar un reconocimiento de responsabilidades del Estado, en nombre de la necesidad de no sentar precedentes, sería equivocado. El verdadero precedente que hay que evitar es que el Estado se aferre a las formas, negándose a enfrentar sus culpas.

NUNCA TRAICIONARIA A MI COMANDANTE

Imagine que Ud. se halla sometido a un proceso penal que se inició debido a una acusación pública en contra suya por parte del presidente de su país. Suponga, ahora, que el juez a cargo del proceso ha declarado, abierta y fervorosamente, su adhesión irrestricta al mismo presidente.

La conclusión es evidente: dicho juez no es imparcial y no puede estar a cargo del proceso. Esto es lo que sostiene el abogado de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, a quien me he referido en un blog anterior. Ella está encarcelada desde hace meses, enjuiciada por supuestos actos de corrupción, luego que el Presidente Chávez la inculpara públicamente, en cadena de radio y televisión, pidiendo para ella las más altas penas. El juez a cargo del asunto se llama Alí José Paredes.

En noviembre pasado, este juez Paredes hizo unas declaraciones en un boletín del PSUV, el partido de Chávez. Manifiesta allí, textualmente: “… déjenme decirle que nunca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante porque llevo la revolución en la sangre y de verdad me duele mi pueblo…”.

Naturalmente, el juez tiene derecho a sus ideas, pero la misma Constitución de Venezuela prohíbe a los jueces llevar a cabo activismo político. Aparte de ello, el principio más elemental de imparcialidad dicta que no puede ser juez de una causa alguien que declare su adhesión a ultranza a la autoridad más interesada en que se castigue a la inculpada (autoridad que, por lo demás, no debiera interferir con la justicia ni mucho menos pedir por una cadena de medios que se condene a una persona).

No me consta la inocencia de la jueza Afiuni y no tiene por qué constarle a nadie. La ley presume inocente a las personas. Le toca a una justicia independiente decidir fehacientemente si son culpables o inocentes, luego de un proceso justo, esto es, un juicio tramitado, entre otros requisitos, con independencia judicial.

El juicio contra la jueza Afiuni estaba programado para el 10 de agosto. Su abogado acaba de recusar al juez por su falta de imparcialidad. Escribo esto porque ya comenté anteriormente su caso y me parece que la parcialidad del juez es una evidencia más de que la justicia en Venezuela no es independiente.

Permítanme anticipar algunas reacciones:

“¡Otra vez habla de Venezuela! ¿Por qué no escribe sobre otras injusticias más graves en otros países?”. (Lo hago todo el tiempo, para los que tienen la paciencia de leerme).

“El proceso político de Venezuela se ocupa de quienes siempre fueron postergados y marginados”. (Puede ser, pero ese no es el punto, ya que lo bueno que algunos o muchos puedan pensar que hace el gobierno de Chávez no justifica cualquier medida. Lo crucial en este caso es si se respeta o no el estado de derecho y la propia Constitución del país que, en su letra, es sumamente avanzada, pero sucede que los distintos poderes del Estado no son independientes).

GABRIEL RUIZ-TAGLE, EL COLO-COLO Y LA CONTRALORÍA

Una caricatura política de los tiempos de Ronald Reagan mostraba al presidente norteamericano en una reunión de gabinete. El Ministro de las Gallinas era un zorro; el Ministro de las Sardinas, un tiburón…

Muchos tienen una parecida imagen caricaturesca sobre los conflictos de intereses en el actual gobierno de Chile. Probablemente es exagerada, pero las medidas del presidente (o la falta de ellas) no ayudan mucho. El hito más reciente en esta saga es un dictamen de la Contraloría acerca de la calidad de importante accionista de Colo-Colo del subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle. El documento se pronuncia, asimismo, sobre los nombramientos del Presidente en el área de la televisión, antes de que haya concretado la venta de Chilevisión.

Este es un tema ético y legal, pero susceptible de ser politizado. Conviene, por tanto, analizarlo lógicamente, punto por punto.

1. A la Contraloría le corresponde, entre otras funciones, velar por la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, no por su moralidad. Con todo, en la misma Constitución (que es la ley superior) se consagra el principio general de la probidad.

2. Los principios de moral pública dominantes en cierto momento en un país, suelen coincidir, en buena medida, con el contenido de sus leyes. Así, por ejemplo, en su gran mayoría, los delitos que la legislación sanciona son también condenables a la luz de la moral pública prevaleciente.

3. Sin embargo, y sobre todo en tiempos de veloces cambios sociales, hay muchos puntos socialmente compartidos sobre ética pública que tardan en incorporarse en la ley, sea por la lentitud del proceso legislativo o por diferencias políticas sobre la forma concreta de darles respaldo legal. Esto fue lo que aconteció, en la primera mitad del siglo pasado, con la aceptación del voto de las mujeres (una discusión que hoy nos parece inconcebible). Es, también, lo que ha sucedido, en los últimos años, con la protección del medio ambiente o la probidad pública.

4. Aunque el principio general de probidad está incorporado en la Constitución chilena desde 2005, faltan normas que le den más precisión; por ejemplo, una ley sobre el llamado fideicomiso ciego. Con todo, las autoridades no debieran limitarse sólo a respetar la ley, sino, además, ceñir su conducta, a los principios de ética política ampliamente aceptados en la sociedad.

5. Más aún, en el caso de Gabriel Ruiz-Tagle, desde el punto de vista estrictamente legal - no solamente ético - hay una “situación generadora” de conflictos de intereses. Así lo implica el dictamen de la Contraloría al determinar que el encargado de deportes del gobierno debe abstenerse de tomar decisiones relativas al fútbol. Ruiz- Tagle afirma que ello no afectará su desempeño en el cargo. Esto es insostenible. Se trata, lejos, del deporte con más arraigo en la sociedad chilena. Imaginemos que un ministro de salud dijera que aunque no puede tomar decisiones sobre atención primaria, ello no afecta su labor.

6. No obstante, el dictamen de Contraloría, no buscó despejar “situaciones generadoras” de conflictos sino que concluyó que el conflicto debe materializarse en una decisión determinada. En el caso de Ruiz-Tagle supone, correctamente, que sus decisiones sobre fútbol “materializarían” el conflicto latente. En el caso del Presidente el dictamen declara que las normas generales sobre probidad le son aplicables y que la Contraloría puede examinar futuras decisiones. Sin embargo, no se pronuncia sobre las situaciones suyas que actualmente son generadoras de conflictos de intereses.

7. Discrepo de esta interpretación restrictiva de la Contraloría. Opino que el principio de probidad exige que se eviten las situaciones que generan conflictos, y no esperar que ello se traduzca en decisiones específicas. Aunque el dictamen anticipa que si Ruiz-Tagle tomara decisiones sobre el fútbol habría una colisión de intereses, resulta ingenuo suponer que si, en lugar de él, las adoptara su subalterno inmediato, no habría mayores problemas. Del mismo modo, restringiéndonos al caso de Colo-Colo, si bien el Presidente no se involucra en decisiones específicas sobre deportes, tiene responsabilidad ética al nombrar (o mantener en el cargo) a quien tiene un evidente conflicto de intereses por su calidad de accionista del principal club del deporte más popular, calidad que, además, él comparte.

8. En suma, pienso que Ruiz-Tagle debería vender sus acciones de Colo-Colo o renunciar; y que el Presidente Piñera debería también vender las suyas. Sobre esto ya anticipo algunas objeciones: que si se aplica la vara de la probidad a gobiernos de la Concertación, hay muchos casos que recordar; o bien, que con tanta crítica no se deja trabajar al gobierno… Acerca de lo primero, recordemos que los reproches a unos no invalidan los reproches a otros. Respecto de lo segundo, funciona mejor un gobierno que irradia legitimidad porque acata no sólo la ley, sino también los principios consagrados de ética pública.

RECONOCIMIENTO DEL EJERCITO EN EL CASO PRATS

Largas décadas de angustiosa espera han pasado las hijas y demás familiares de quien fuera comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, antes de que la justicia chilena haya dicho, en el día de ayer, su palabra final. Ambos fueron asesinados mediante un ataque terrorista perpetrado en Buenos Aires por agentes del gobierno chileno, en septiembre de 1974.

En esa época, el general Augusto Pinochet nada hizo para investigar lo sucedido ni para honrar a las víctimas, una de las cuales había sido su superior directo. Mal podría haberlo hecho. No tengo dudas de que el asesinato se perpetró por sus órdenes o, al menos, con su asentimiento. Me parece inconcebible que personas sujetas a disciplina jerárquica militar hayan complotado, a sus espaldas, para dar muerte a un ex comandante en jefe. A mi juicio, la renuencia de Pinochet, una vez consumado el crimen, confirma la suposición de su responsabilidad. No se entiende, de otro modo, que no haya movido cielo y tierra para aclarar tal hecho ni haya rendido honores a quien fuera su jefe.

Pasó el tiempo y a partir de 1998, una vez que Pinochet dejó el mando, la dirección superior del Ejército recayó en generales mucho más jóvenes, quienes apenas se iniciaban en la carrera militar al tiempo del golpe de Estado. Desde entonces, se inició un sostenido proceso de reconocimiento de los hechos del pasado y de normalización institucional.

En el 2000, la Mesa de Diálogo en la que participaron las Fuerzas Armadas y de Orden culminó con un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos. Esta instancia no alcanzó los resultados esperados en la dilucidación de la suerte o paradero de los detenidos desaparecidos. Sin embargo, tocante al reconocimiento, su declaración abrió paso a sucesivos pronunciamientos en los años siguientes, entre los que destaca el "Nunca Más" del general Juan Emilio Cheyre.

Frente a un legado de graves violaciones de los derechos humanos, el reconocimiento de los hechos por parte de los más relevantes sectores políticos e institucionales es esencial. Tal reconocimiento reafirma los valores transgredidos, rectifica o reitera la doctrina institucional que nunca debió olvidarse, honra a las víctimas y facilita el proceso, inevitablemente largo y gradual, de reconciliación nacional.

Ayer, el Ejército dio un nuevo paso de reconocimiento, específicamente en lo que se refiere al caso de Carlos Prats. Ya anteriormente había reivindicado su memoria y la de su esposa, así como su calidad de ex comandante en jefe. La reciente declaración califica el crimen como se debe: repudia sin ambages a sus partícipes, reitera sus condolencias a la familia y reafirma la sana doctrina institucional.

Sugiere, también, que el atentado no desmiente ni la historia del Ejército ni el compromiso permanente de sus miembros con los principios institucionales. Sobre este punto, hay otras interpretaciones posibles, aunque se entiende que se diga lo que se dijo en el espíritu de enfatizar, positivamente, los valores permanentes de la legalidad y del honor militar. En suma, es un significativo paso institucional que debe ser apreciado.

Sobre la responsabilidad del mando de la época -en este caso, de Pinochet- nada se dice, sin embargo. Se pueden entender las limitaciones que la jefatura de la institución enfrentó a este respecto cuando todavía subsisten resabios de mal entendidas lealtades en la sociedad chilena, incluido el mundo militar. Permanece este punto, entonces, como un paso pendiente de reconocimiento que algún día deberá llegar.

VENEZUELA II: EL CASO DE LA JUEZA AFIUNI

Nunca había recibido tantos insultos como cuando publiqué, hace dos días, un blog sobre la ausencia del estado de derecho en Venezuela. Contesté algunos comentarios en el mismo blog, pero no es ésta la ocasión de seguir dándoles vuelta.

Me interesa, sí, documentar mis afirmaciones con referencia a un caso emblemático, aunque no único: El de la jueza María Lourdes Afiuni.

Antes, corresponde precisar mis opiniones sobre la política en Venezuela:

• No cabe duda que los partidos que antes dominaban la escena política en ese país eran corruptos e ineficaces. El estado de derecho funcionaba en la forma, no en el fondo. La pobreza era abismantemente elevada, más aún para un país rico en recursos.

• También es cierto que Hugo Chávez, luego de su frustrado golpe militar de 1992, ha ganado varias elecciones, a partir de 1999, y que su apoyo ha provenido, principalmente, de los sectores excluidos económica, política y socialmente.

• Una nueva Constitución rige Venezuela desde 1999, luego que Chávez convocó a una Asamblea Constituyente. En la letra, es una Carta Fundamental extremadamente progresista. En la práctica, no hay poderes estatales independientes del gobierno.

• Buena parte de la oposición a Chávez ha cometido graves errores políticos y, a veces, ha utilizado métodos más que cuestionables. Sin embargo, con los años de despilfarro gubernamental, corrupción, autoritarismo apenas velado y demagogia abierta, la oposición ha ido engrosando sus filas con sectores más sensatos, principalmente de la juventud venezolana.

• Es cierto que el gobierno de Chávez ha impulsado amplios programas sociales. La crítica que merecen es que van acompañados de favoritismo y adoctrinamiento, y también que no son sostenibles en el tiempo (dada su costosa e ineficaz administración) a menos que el petróleo alcance precios que difícilmente volverán a verse pronto.

• El Presidente Chávez y sus partidarios creen que la finalidad del “Socialismo del siglo XXI” que declaran perseguir, justifica los medios. No lo admiten así, con todas sus letras. Sus partidarios, en Chile y en otros países, tampoco lo admiten. Debieran hacerlo; sería más honesto, aunque igualmente reprobable a la luz de los principios democráticos.

• Por todo lo anterior, el gobierno de Chávez va estrechando el cerco en torno a la disidencia, Hay numerosos presos políticos, aunque no existan las gruesas violaciones de los derechos humanos que se conocieron en Chile, Argentina u otros países de la región en el pasado. No hay ni un asomo de independencia judicial. La gran mayoría de los jueces tiene nombramientos transitorios y revocables por el gobierno.

Llegamos, así, al caso que deseo destacar: La jueza venezolana María Lourdes Afiuni se halla encarcelada desde el 10 de diciembre de 2009, imputada de ayudar a un banquero a huir del país. Su detención se produjo inmediatamente después de que el presidente la acusara públicamente de corrupción. Una comisión de Naciones Unidas, Amnesty Internacional y Human Rights Watch, consideran su detención políticamente motivada. Se trata de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, cuyos informes fueron invocados tantas veces (y correctamente) por los opositores a la dictadura militar en Chile.

La injusticia social en Venezuela necesita ser corregida. Chávez ha contado con respaldo electoral para enfrentarla. Sin embargo, sus designios y sus métodos no respetan el estado de derecho, ni en la forma ni en el fondo. Si declaramos estar a favor de la democracia y los derechos humanos, estos principios deben aplicarse tanto a los predecesores de Chávez como a su propio gobierno; a Norte, Sur, Este y Oeste; a Honduras y Cuba; a Israel y los países árabes; a Estados Unidos, Rusia y China… La aplicación selectiva demuestra que subordinamos dichos valores a nuestras preferencias ideológicas. Las cosas claras.

¿HAY ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA?

En la segunda mitad del siglo XX, salvo algunos períodos, Venezuela nadaba en dinero. Pese a ello, el sistema democrático funcionaba sólo en lo formal, los índices de pobreza eran muy elevados y los partidos tradicionales (Acción Democrática y COPEI) se repartían el botín estatal con mucho tesón y pocos escrúpulos. El descontento popular crecía. Los militares se embarcaron en un fallido golpe de Estado en 1992. Chávez estuvo preso dos años, fue indultado y luego accedió al poder, en 1999, mediante elecciones libres. La mayoría de la población, tradicionalmente marginada, acogió su discurso de medidas sociales y de grandes reformas. Estas últimas comenzaron por una nueva Constitución, considerada muy progresista. Cambió también el nombre del país, la bandera, el escudo nacional e incluso la hora oficial.

El resto de la historia es bien conocido: Chávez ha buscado ser un protagonista regional e internacional, ha ganado varias elecciones y se ha hecho famoso por su admiración por Fidel Castro, sus osadas declaraciones públicas y sus discursos interminables. También se ha hecho célebre, lamentablemente, por controlar todos los orondos poderes del Estado establecidos en la Constitución y por reprimir a la disidencia.

Las preguntas que se hacen hoy día los observadores internacionales son, entonces, ¿hay democracia en Venezuela?, ¿hay estado de derecho?

¿No bastaría, como creen algunos, que el régimen de Chávez haya llegado al poder por vía electoral (y ganado luego otros varios comicios) para declararlo democrático? A mi juicio, ello es suficiente para reconocer que su gobierno tiene legitimidad democrática de origen, pero no necesariamente de ejercicio. Y esto es así porque en Venezuela no ha subsistido el estado de derecho.

Esta última afirmación exige aclarar conceptos: Se suele distinguir entre estado de derecho de forma y de fondo (o material). El primero supone que las autoridades y las personas están sujetas a la ley y nadie está por encima de ella. La ley debe ser pública, predecible y aplicarse igualmente a todos. El estado de derecho de fondo o material implica, además, que las instituciones y las autoridades estén orientadas hacia el interés público y que se respeten los derechos fundamentales de todos, sin discriminación.

A partir de estas nociones, en Venezuela, antes de Chávez, hubo estado de derecho formal, pero no material. Bajo Chávez no existe estado de derecho en ninguno de las dos acepciones. Léanse las declaraciones del presidente y sus seguidores y se verá que dicho concepto tiene sentido solamente si contribuye a la realización de lo que llaman “Revolución Bolivariana” o “Socialismo del Siglo XXI”. Todos estos personeros no creen en la separación de los poderes del Estado, ni en su autonomía y mutua fiscalización. Les interesan los fines, no los medios.

Desde otros países, incluido Chile, muchos defienden al régimen chavista, sea por su retórica anti-imperialista o por sus programas sociales (los cuales aplauden sin considerar su relación costo-beneficio ni su sostenibilidad). No son pocos los que lo apoyan, en el fondo, porque creen que en aras de fines últimos que consideran justos o deseables, todo está permitido. Bueno, deberían declararlo así abiertamente y no escudarse en el argumento espurio de que en Venezuela hay estado de derecho sólo porque todavía se celebran elecciones.

LOS NUEVOS TRES TERCIOS DE LA POLITICA CHILENA

Décadas atrás, Chile estaba dividido políticamente en tres tercios de comparable fuerza electoral. La derecha, formada por el Partido Conservador y el Liberal (después reunidos en el Partido Nacional), representaba el statu quo; la izquierda, dominada por los partidos Comunista y Socialista, se hallaba organizada en el Frente de Acción Popular (más tarde, Unidad Popular) y propiciaba una transformación radical de la sociedad chilena que, con el correr el tiempo, adquirió acentuados tintes revolucionarios; y el centro, constituido por la Democracia Cristiana, abogaba por una tercera vía, de contornos imprecisos, que luego llegó a denominarse “Revolución en Libertad”. Sabemos que la primera de estas alternativas ganó las elecciones de 1958, con Alessandri. La Democracia Cristiana llegó al poder en 1964, con Frei Montalva. La opción de izquierda triunfó en las elecciones de 1970, con Allende. Tres años más tarde tuvo lugar el golpe militar.

En los años sesenta, a medida que la sociedad chilena se polarizaba, estos “tres tercios” se miraban recíprocamente como alternativas excluyentes. Cada uno de ellos proponía un tipo de sociedad que los otros dos consideraban inaceptable. No obstante, para la derecha, la Democracia Cristiana era un mal menor; y viceversa.

El régimen militar instaurado mediante el golpe de 1973 contó con el apoyo de la derecha política y, con significativas excepciones, con el de los partidarios de la Democracia Cristiana, quienes lo vieron, al menos inicialmente, como un mal necesario.

Se suele decir que la superación de la dictadura militar fue también posible por una alianza de dos de los antiguos tres tercios. Aunque esta afirmación tiene parte de verdad, también envuelve una simplificación. Lo que hizo posible la Concertación fue que, hacia fines de los años 80, el antiguo bloque de izquierda había moderado sus posiciones y el Partido Comunista ya no formaba parte de él.

A medida que avanzaban los gobiernos de la Concertación parecía que Chile había dejado atrás los años de polarización política destructiva. El país había logrado forjar un acuerdo político de centro, que se extendía hacia la centro izquierda y la centro derecha. Un elevado porcentaje de los chilenos estaba ostensiblemente de acuerdo en el valor de las siguientes nociones: democracia, estado de derecho, economía libre y justicia social. Es difícil calibrar el grado de convicción genuina en torno a tales acuerdos pero, por lo menos, éstos llegaron a formar parte del discurso de una amplia mayoría de los actores políticos.

Sin embargo, los progresos que se hayan podido alcanzar en años recientes y las expectativas de las nuevas generaciones, conducen a una inevitable pregunta: ¿Cómo avanzar más decididamente hacia una sociedad próspera y equitativa y cuáles son los principales obstáculos que es preciso vencer?

Es aquí donde hace falta mirar más allá de los esquemas tradicionales y preguntarse si no han surgido en Chile otros tres tercios, cuyos contornos y límites no se identifican necesariamente con los de los partidos. Yo lo creo así. Estos nuevos tres tercios serían los siguientes. Primero, un sector que se refugia en sí mismo, en sus costumbres y privilegios, que no se conecta con el Chile real y que no está dispuesto a aceptar los cambios necesarios para que el país ofrezca efectivamente mayor igualdad de oportunidades para todos; para este sector, si se llegan a acumular tensiones sociales, bueno, cada tres o cuatro generaciones habrá que recurrir a alguna salida autoritaria. Segundo, una parte de la sociedad, de tendencia clientelar, consciente de sus carencias y asertiva en sus agravios, pero todavía condicionada a esperar que las soluciones les sean dadas fundamentalmente por el Estado. Finalmente, un sector relativamente transversal, en el que concurren distintas visiones sobre soluciones específicas, pero donde existe una convicción compartida sobre que el progreso en una sociedad moderna supone incentivar el emprendimiento individual, fomentando sus aspectos creativos y regulando su dimensión depredadora; y, a la vez, implica impulsar medidas de fondo para generar mayor igualdad de oportunidades.

Mientras no se incremente este último tercio, tendremos en el futuro serios riesgos de asomos demagógicos, estallidos sociales, y tentaciones autoritarias.

EL PRESIDENTE Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES

La lógica de los con-flictos de intereses en la esfera pública es simple: la autoridad debe actuar con impar-cialidad y tomando en cuenta solamente el bien general; si tiene también un interés privado en el mismo asunto o tipo de asuntos, debe desprenderse de dicho interés o bien abstenerse de tomar la decisión del caso. (Se entiende que las decisiones de un presidente inciden en prácticamente todo y no puede optar por la abstención).

No hace falta que se produzca un daño público para que haya conflicto de intereses. Basta que exista un peligro de perjuicio. Por ejemplo, si un alcalde contrata a una empresa de su propiedad para extraer la basura de la comuna, puede ser que ésta haga el trabajo mejor y más barato que otras empresas. Pero ello sería de rara ocurrencia y la ley debe ponerse en el caso más probable, esto es, que se termine perjudicando al Municipio.

La clase empresarial chilena ha sido lenta para aceptar la noción de conflicto de intereses. Algunos han objetado que ello supone dudar de su honorabilidad, aunque no se trata de nada personal, sino de observar una regla objetiva. Otros simplemente se oponen a todo lo que signifique regular su libertad de acción.

Es mi impresión que el Presidente Piñera no ha asimilado debidamente la regla de los conflictos de intereses. El entiende que hay un problema político y de opinión pública, pero, para usar una expresión actual “no ha internalizado” la razón profunda de la regla que prohibe tales conflictos. Por ello, pareciera empujar las cosas hasta el límite, buscando cumplir en lo formal más que en el fondo.

Algunos de sus partidarios pueden considerar estas observaciones prematuras o injustas y pensar que se debería confiar en él o, por lo menos, darle un tiempo de rodaje, otorgándole una especie de tregua crítica durante la primera fase de su mandato. No obstante, como dice el refrán, “la confianza no excluye el control”. Por otra parte, tratándose de principios de ética política, no caben suspensiones ni pausas. Así han comenzado a entenderlo personas y partidos que apoyan a Piñera; incluso la prensa que simpatiza con su gobierno ha empezado a dar señales de inquietud sobre este punto.

Dos son los conflictos de intereses que se mencionan con más frecuencia con respecto al Presidente y sus inversiones: LAN y Chilevisión. Se le critica que prometió vender sus acciones de LAN antes de asumir como Jefe de Estado y no ha terminado de hacerlo. La crítica tiene base porque él mismo tomó ese compromiso y no se divisan motivos razonables para que dilate su cumplimiento.

Sin embargo, más importante aún, es que se entregue información pública que demuestre que él no mantendrá algún tipo de interés en LAN, pese a la venta. Esto podría suceder, por ejemplo, mediante una cláusula de tipo “retroventa”, por la cual se reservara el derecho a recomprar parte de las acciones de LAN en el futuro. No tengo ninguna razón para pensar que ello haya ocurrido. Se trata solamente de transparentar los detalles de las operaciones de venta. Y esto se hace más necesario porque sí hay señales de que el Presidente deseaba mantener un control de Chilevisión por medios indirectos. Todos los directores de esa empresa le aconsejaron vender simple y llanamente. Les contestó que tomaría una decisión. Esperemos que sea la correcta.